Morales considera derrotado el «golpe» de Estado minero

El sector, hasta ahora aliado del presidente boliviano, se vuelve en su contra ante la penosa situación en la que trabajan miles de personas.

El conflicto minero en Bolivia se agravó ayer con una tercera muerte por arma de fuego entre las filas de los mineros en los enfrentamientos con la Policía y con la filtración de nuevos datos sobre la muerte del viceministro de Interior, Rodolfo Illanes, a manos de los huelguistas. Illanes fue torturado durante aproximadamente siete horas antes de ser asesinado por los trabajadores que lo secuestraron, según informó la Fiscalía. Este asesinato y la tensión con el sector llevaron al presidente de Bolivia, Evo Morales, a afirmar ayer –como tantas veces ha hecho, al igual que su vecino venezolano Nicolás Maduro– que ha vuelto a derrotar «un golpe de Estado», esta vez supuestamente planeado por los mineros.

«Otra vez, el Gobierno nacional ha derrotado un golpe de Estado. De eso estoy convencido», dijo Morales en Cochabamba, tras los enfrentamientos vividos esta semana en Bolivia. Los mineros, añadió, tenían planeado resistir muchos días «parapetados» y bloqueando carreteras. Morales también aseguró que se han confiscado documentos en las oficinas de las cooperativas mineras que hablan «de tumbar al Gobierno».

Reiteró que la protesta tenía un objetivo político y no de reivindicación social, como alegaban los líderes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin). En otras ocasiones, Morales ya ha denunciado conspiraciones para derrocarlo, pero los mineros, un sector tradicionalmente aliado del presidente, bloquearon carreteras para exigirle que derogue una ley que permite la sindicalización en esas organizaciones, con 150.000 afiliados en representación de los miles de obreros que trabajan bajo condiciones de explotación. La pelea por esa demanda comenzó hace dos semanas sin que el Gobierno ni los dirigentes de las cooperativas cedieran en sus posiciones para facilitar el diálogo.

También el ministro de Gobierno, Carlos Romero, recurrió a la hipótesis de la conspiración. «Éste era un movimiento altamente conspirativo, un movimiento político y un movimiento que estaba dirigido cuando menos, a desestabilizar al Gobierno», dijo en La Paz. Afirmó que «en la comunicaciones entre los cooperativistas se hablaba de derrocamiento del Gobierno», y que habían planificado durante meses sus protestas con una «estrategia militar». «Había un arsenal impresionante de dinamita, explosivos, de sustancias dirigidas a generar bajas y muertes», añadió.

Sin embargo, según el politólogo Carlos Cordero, «el problema de fondo de este conflicto es, en realidad, la lucha desesperada del pueblo potosino por salir de la pobreza y la exclusión. El país ha prosperado en el últimos años (..), pero Potosí siente que esa riqueza no le ha llegado». El académico cree que se vislumbra en lo inmediato una negociación en las que Potosí logrará «compromisos del Gobierno para tratar de resolver esta situación de pobreza. Hay poco que dialogar y mucho que negociar», sostuvo. Los mineros rechazan la norma porque estimula la formación de sindicatos en las cooperativas, lo que consideran perjudicial para el funcionamiento de ese tipo de organizaciones.