El alto precio de pactar con grupos terroristas

¿Dónde están los secuestrados que nunca volvieron? ¿Dónde fueron enterrados los desaparecidos? Todo proceso político tiene beneficios y costes, directos e indirectos, pero tras 52 años de conflicto y más de 200.000 muertos, los acuerdos de La Habana, sin duda, no han salido baratos ni a nivel moral ni económico. Habrá que esperar un tiempo para ver si realmente generan beneficios. Los costes de la paz más mencionados por los opositores de la negociación son una impunidad para los futuros desmovilizados, así como su acceso eventual a cargos de elección popular, probablemente, en zonas apartadas del país en donde la guerrilla mantuvo su influencia histórica.

Uno de los acuerdos establece un régimen de justicia transicional, a traves del cual se estudiará caso a caso para ver qué tipo de delitos se han cometido. Mediante este sistema se crearán sanciones especiales para los guerrilleros. De esta manera, aunque delitos como masacres, desaparición forzada, desplazamiento masivo, secuestro, tortura y asesinato selectivo no deberían quedar impunes, las penas de cárcel podrían sustituirse por trabajos sociales u otros programas de reinserción. Todo esto levanta ampollas entre las víctimas de ambos bandos.

En el plano económico, para capitalizar los beneficios de la paz, el Estado debe tener presencia en las regiones olvidadas, poner en marcha programas para dinamizar las regiones rurales, restituir a las víctimas del conflicto y dar oportunidades reales a toda la población. Lograrlo requerirá inversiones y, por ende, más impuestos, por lo que este punto del acuerdo tampoco ha sentado bien entre los colombianos.

En contra de lo que pudiera pensarse, el proceso de paz no va a disminuir el presupuesto «que se destina anualmente para defensa», indicó el ex ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga. De esta manera, el precandidato presidencial se preguntaba: «¿De dónde van a salir los recursos para darle la seguridad [que no sólo se dirigen a combatir a grupos guerrilleros] en Colombia y responder a los eventuales compromisos que se pacten en las mesas de negociación?». Entretanto, Miguel Gómez, ex director de Cámara de Comercio Colombo Americana, asegura que la paz es un buen negocio, «pero es un negocio carísimo y tenemos que estar dispuestos a pagarlo porque la retribución de esto se dará a corto y mediano plazo». Gómez señala que en diez años la Ley de Víctimas costará cerca de 200 millones de dólares. «El postconflicto puede ser más costoso que la misma guerra debido a un brote de otro tipo de delincuencia, probablemente más urbana, como ha sucedido en otros países», recalca. «Por eso, el Gobierno colombiano tiene que decir cuál será el precio que tendremos que pagar por la paz», sentencia.