jueves, 08 diciembre 2016
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Internacional / Diálogo en Colombia

El «Día D» llega a Colombia

  • El acuerdo de paz entre el Gobierno de Santos y las FARC entra en vigor tras la aprobación en el Congreso. Las dos partes comienzan a negociar la amnistía para los guerrilleros

Sesión especial. La Cámara de Representantes votó a favor del acuerdo
Sesión especial. La Cámara de Representantes votó a favor del acuerdo
Efe

En la noche del miércoles (ya jueves en España), en medio de un candente debate, la Cámara de Representantes de Colombia refrendó el acuerdo de paz entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP por 130 votos frente a cero votos en contra. Los parlamentarios del Centro Demomcrático (CD), partido del ex presidente Álvaro Uribe, que han mantenido una crítica constante a las negociaciones de paz, se retiraron del recinto un poco antes de culminar la discusión para no participar en la votación. El día anterior, el Senado de la República había hecho lo mismo recogiendo 75 votos a favor del acuerdo y cero en contra. También los senadores del Centro Democrático intervinieron en el debate y, al momento de votar, se retiraron de las deliberaciones finales.

Con esta refrendación se dio vía libre al desarme de una guerrilla que ha cumplido 52 años de confrontación con el Estado colombiano. Las cifras que ha dejado la guerra con esta organización y con otros grupos armados son realmente impresionantes y dolorosas para los colombianos. En los registros oficiales, hay 8.340.000 víctimas y, entre ellas, más de 220.000 muertos.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, declaró ayer en un acto oficial que «este acuerdo de paz fue refrendado por más de tres cuartas partes del Congreso –el 77% votó a favor–, y hoy comienza el día ‘D’». Sin embargo, el negociador de las FARC «Pastor Alape» fue mucho menos entusiasta, y declaró en Caracol Radio, que «aún no inicia el día ‘D’» porque «falta el impulso para que se tramiten las leyes a través del ‘‘fast track’’».

Efectivamente, el trámite en el Congreso será más fácil si la Corte Constitucional autoriza el recurso a un procedimiento rápido que se ha dado en llamar «fast-track», y que fue incluido en un acto legislativo reciente para facilitar el avance hacia la paz. Con él se pretende adaptar y aprobar todas las leyes que permitirán el cumplimiento del acuerdo. Pero las batallas entre partidarios y opositores al acuerdo de paz suscrito no han terminado. El presidente Santos y los miembros de las FARC tendrán que lidiar con unos críticos duros y astutos que apelarán a movilizaciones ciudadanas y a una intensa labor parlamentaria para ponerles palos a las ruedas de la paz. El propósito de estas fuerzas será mantener viva la controversia hasta las elecciones presidenciales de junio de 2018 con la esperanza de que ganarán esta contienda tal como lo hicieron en el plebiscito de octubre y entonces podrán revisar desde el poder todo lo acordado por el presidente Santos con las FARC.

La refrendación le ha dado una nueva legitimidad a la paz y ha despejado el camino para proceder a la concentración de los guerrilleros de las FARC en 27 sitios del país y empezar el desarme gradual de las estructuras en un tiempo exacto de 180 días. También da vía libre al trámite de leyes y decretos que permitan la implementación de todos los acuerdos, empezando por una ley de indulto y amnistía para toda la base guerrillera, que comienza ya a negociarse. El cronograma para el desarme está definido así: en los primeros 30 días, las FARC llegarán a los lugares designados para su concentración; a los 90 días siguientes, entregarán el 30% de las armas; a los 120 días, 30% más; y finalmente, a los 150 días de la concentración entregarán el 40% restante de las armas. En ese momento, toda la guerrilla se reintegrará a la vida civil y se iniciará formalmente el postconflicto.

Ahora bien, mientras está ocurriendo el desarme de las FARC, tanto el Congreso de la República como el presidente Santos estarán concentrados en establecer la legislación y la institucionalidad que permitirá que los líderes de la guerrilla puedan participar activamente en el política y que tanto los combatientes como las regiones donde se ha producido el conflicto accedan a los programas económicos y sociales que permitirán la construcción de una paz estable y duradera, como reza el tratado de paz de 310 páginas que se firmó el pasado 25 de octubre.

La firma definitiva de este acuerdo y su refrendo han tenido enormes tropiezos. En el curso de cinco años de conversaciones en La Habana se produjeron no menos de diez momentos de crisis. De Cuba salió un texto que se consideraba final y así se firmó en Cartagena el 26 de septiembre. Este pacto se sometió al plebiscito del 2 de octubre donde fue rechazado en una estrecha votación.

Los promotores del «no» exigieron la renegociación del acuerdo y el presidente Santos se vio obligado a emprender largas jornadas de conversaciones con los líderes de estos opositores, encabezados por Uribe y con las FARC, para darle vida a un nuevo acuerdo. Todos los puntos fueron sometidos a revisión, especialmente los referidos a la reforma agraria, los compromisos de justicia, la participación política de la guerrilla y los derechos de las mujeres y las minorías sexuales. Por fin, el 25 de noviembre se cierra un nuevo acuerdo con la firma del acuerdo en el Teatro Colón de Bogotá, pese a la oposición del uribismo.

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