El Senado brasileño abre el último juicio contra Rousseff

El presidente del Tribunal Supremo, que preside las sesiones, rechaza los últimos intentos de la izquierda para anular el «impeachment»

Los Juegos Olímpicos quedaron atrás y Brasil comienza a vivir unos días de furia que definirán su futuro: el capítulo final del «impeachment» de la suspendida presidenta Dilma Rousseff, cuya destitución parece irreversible. Ayer el Senado abrió el juicio que decidirá el destino político de Rousseff y del ciclo de cuatro gobiernos consecutivos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT). Según el plan previsto, la primera mujer en llegar a la Presidencia de Brasil escuchará la sentencia en torno al 31 de agosto. Si es hallada culpable de haber violado la Constitución al aprobar gastos a espaldas del Congreso y manipular las finanzas públicas, perderá su cargo y quedará inhabilitada para la función pública por ocho años. El vicepresidente Michel Temer tomaría el poder de manera temporal. Si es absuelta, recuperará su Gobierno, al que le restan dos años y cuatro meses de mandato.

Los sondeos realizados en el Senado indican que esta economista de 68 años ya no regresará al Palacio de Planalto, sede del Gobierno en Brasilia. Sus detractores obtendrán entre 58 y 60 votos y superarán la mayoría especial de 54 (dos tercios) necesaria para derrocarla. Pero más allá del resultado final, el mundo político brasileño contendrá el aliento el próximo lunes, cuando la propia Rousseff haga su alegato final ante los 81 senadores, en una media hora para la historia en la que intentará convencer de su inocencia a una tribuna que desde el inicio de su segundo mandato le ha sido hostil. «Voy a argumentar no sólo a favor de la democracia, del respeto al voto directo del pueblo brasileño, sino también a favor de la justicia», dijo en un encuentro reciente con corresponsales extranjeros». Tengo la energía, fuerza y valor para confrontar esta injusticia», agregó, y acusó a Temer de conspirar en su contra.

El presidente de la Corte Suprema de Brasil, Ricardo Lewandowski, es quien preside este último episodio del juicio político contra la mandataria. «Los senadores se convierten ahora en verdaderos jueces y, por tanto, deben dejar de lado sus preferencias políticas y personales» para «actuar con la máxima objetividad», advirtió Lewandowski al abrir la sesión. Sin embargo, los senadores hicieron oídos sordos y a las primeras de cambio los partidos de izquierda, el PT y el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) demandaron la «suspensión» del trámite hasta su propia «nulidad» por «errores procesales». El juez, sin embargo, rechazó todas las demandas.

Desde los grupos de izquierda se acusó a quienes demandan la destitución de Rousseff de «golpistas». Desde el otro lado, el mayoritario, se llegó a exigir que «los corruptos del PT vayan a prisión». Una de las cuestiones rechazadas por Lewandowski fue formulada por la senadora comunista Vanessa Grazziotin y exigía la nulidad del proceso argumentando que las irregularidades fiscales en las que se basa la acusación corresponden a 2015, cuyo balance aún no ha sido aprobado ni rechazado por el Congreso. Lewandoswki, quien actúa como garante constitucional del proceso, rechazó la apelación y aclaró que la aprobación o no de los balances «no está vinculada» a las probables irregularidades «que se juzgan» y puedan haber sido cometidas. El presidente del Supremo tampoco aceptó otras cuestiones que presentó el PT y pedían la nulidad del proceso, fundamentadas en la «ausencia de dolo» en las maniobras que se le atribuyen a Rousseff y en la supuesta «motivación política» del juicio.

«Una farsa» tejida por la élite

Dilma Rousseff, presidenta suspendida de sus funciones, declarará el próximo lunes en el Senado que la juzga, pero ayer, en un acto celebrado en un pequeño teatro de Brasilia al que acudieron cientos de personas, dejó entrever lo que será su defensa. La mandataria rechazó por enésima vez las acusaciones que pesan en su contra, fundamentadas en graves irregularidades fiscales, y dijo que el proceso es «una farsa» montada por la «élite brasileña» para «acabar con las conquistas sociales» de los últimos años. Esta casta, junto al «poder económico» y «sectores de la Prensa», intenta implantar políticas neoliberales para «privatizar todo lo que puedan» y someter «la soberanía brasileña a los grandes capitales».