El temor a una baja participación activa las coacciones chavistas

La perspectiva de un resultado adverso en las elecciones de hoy para elegir una Asamblea Constituyente ha endurecido las presiones del Gobierno de Maduro a los beneficiarios de los programas sociales.

Aunque en Venezuela el único requisito para votar es la cédula de identidad (documento de identificación), hoy el chavismo aplicará un método de control a través del «carnet de la patria» (documento ideológico) para saber quiénes votaron y quiénes no en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Nicolás Maduro y boicoteada por la oposición. «Seguramente, en la puerta va haber un equipo de trabajo para chequear el carnet de la patria, porque yo quiero que con carnet de la patria me chequeen, con mi código QR para demostrar que sí voté. ¿Qué les parece la idea? ¡Aprobada!», precisó Maduro de cara a los comicios de hoy. La misma advertencia la hicieron otros portavoces del Gobierno y éste es uno de los chantajes con los que el Gobierno aspira a frenar la abstención defendida por la oposición. El llamado «carnet de la patria» es una especie de inventario, digitalizado y con código QR que ideó el Gobierno para precisar cuántas personas son beneficiarias de sus programas sociales. Pensionistas, discapacitados, trabajadores de la administración pública, estudiantes y demás están registrados.

Jhonny Tovar tiene 73 años y aunque es opositor al Gobierno de Maduro tiene serias dudas sobre asistir o no a la Constituyente ante la presión de que podría perder el único beneficio por su vejez: la pensión. «Las personas del Consejo Comunal de donde vivo me dijeron: abuelo, no se le ocurra no ir a votar por la Constituyente, mire que si no le van a quitar la pensión por la que tanto trabajó», apuntó el anciano. Tiene la posibilidad de votar nulo, pero no está muy familiarizado con la tecnología del sistema de votación y no sabe cómo hacerlo. Mientras relata como lo amenazaron, a Tovar se le derraman las lágrimas. En las oficinas de los ministerios, institutos públicos y demás dependencias del Estado, los jefes tienen una sola orden: asegurarse de que cada uno de sus subordinados vaya a votar. Les informan y los revisan a través de memorandos, de mensajes de texto y de recordatorios boca a boca. En el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, la amenaza a los trabajadores es degradarlos de puesto si se comprueba que no han ido a votar. «Se supone que éste es un centro del saber, de personas preparadas, y que nos amenacen así es la muestra de por qué la gente no quiere que esto continúe. Algunos irán y otros nos arriesgaremos a ver qué pasa si no vamos», apuntó una hematóloga de la institución bajo anonimato.

En Venezuela siguen faltando los productos básicos como harina de maíz, arroz, aceite, azúcar, café, leche, pasta y mantequilla. Infructuosamente, el Gobierno ha tratado de solventar la crisis con comida importada desde México y distribuida por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, los populares CLAP. En muchos barrios pobres como Catia, El Silencio, Quinta Crespo y la Avenida Baralt, los productos no llegaban desde hacía tres meses. No obstante, pocas horas antes de la Constituyente aparecieron las cajas de alimento con una advertencia: «La Constituyente va». Celia Bastardo, una de las beneficiarias de los CLAP en Catia asegura: «Perdieron el marcador con el que rayaron las cajas, perdieron su tiempo y van a perder gente que vote por ellos, porque ni yo ni mi familia iremos», afirma. Cada sector social tiene una advertencia. A los estudiantes de universidades públicas los coaccionan diciendo que perderán la beca; a los beneficiarios de la Misión Vivienda, que perderán la casa; a los deportistas, que les quitarán el patrocinio e incluso a los que son beneficiarios de varios programas sociales, que quedarán fuera de todos.

Mientras el Gobierno construye su mejor escenario para derrotar la abstención, la oposición, a través de uno de sus líderes, Henrique Capriles, llamó ayer a que hoy las calles se llenen de gente rechazando la elección y que los centros electorales se queden vacíos. Por su parte, el chavismo crítico con Maduro pidió la abstención a un proceso que desde el principio calificaron de ilegítimo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, advirtió ayer de que en 53 de los 335 municipios del país caribeño se han registrado hechos de «violencia política focalizada» en medio de la oleada de protestas que comenzó el 1 de abril y que ha dejado 109 muertos, cientos de heridos y casi 5.000 detenidos. Asimismo, las Fuerzas Armadas, que custodiarán con más de 200.000 efectivos los comicios, han reiterado que procurarán la continuidad del proceso y atenderán cualquier «amenaza» en este sentido haciendo «uso proporcional de la fuerza».