Canadá

¿En qué consiste el acuerdo comercial de la Unión Europea con Canadá?

Estas son las principales ventajas del acuerdo, según la Unión Europea

¿En qué consiste el acuerdo comercial de la Unión Europea con Canadá?
¿En qué consiste el acuerdo comercial de la Unión Europea con Canadá?larazon

Según la Unión Europea, el Acuerdo Económico y Comercio Global (AECG), también conocido por sus siglas en inglés CETA, es un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá que pretende potenciar los intercambios entre ambas partes.

Según explica la Unión Europea en su web, el AECG:

► Eliminará los derechos de aduana

► Hará que las empresas europeas sean más competitivas en Canadá

► Facilitará a las empresas de la UE concurrir a la contratación pública canadiense

► Aabrirá el mercado de servicios canadiense a las empresas de la UE

► Abrirá los mercados a las exportaciones europeas de alimentos y bebidas

► Protegerá los alimentos y bebidas tradicionales europeos (conocidos como indicaciones geográficas) frente a las copias

► Reducirá los costes de los exportadores de la UE sin por ello rebajar las normas

► Beneficiará a las pequeñas y medianas empresas de la UE

► Beneficiará a los consumidores de la UE

► Hará más fácil para los profesionales europeos trabajar en Canadá

► Permitirá el reconocimiento mutuo de cualificaciones

► Creará condiciones previsibles para los inversores de la UE y de Canadá

► Hará que para las empresas europeas sea más fácil invertir en Canadá

► Ayudará a las industrias creativas, los innovadores y los artistas de Europa

► Protegerá los derechos de los trabajadores y el medio ambiente.

Así, según las autoridades europeas y canadienses, el AECG beneficiará a las empresas europeas al eliminar el 99% de los derechos (impuestos) que deben pagar en las aduanas canadienses. La misma solución se aplicará a las empresas canadienses que exportan a la UE.

La mayoría de los derechos de aduana se eliminará en cuanto el AECG entre en vigor. Al cabo de siete años desaparecerán todos los derechos aduaneros sobre productos industriales.

Desde el primer día, Canadá eliminará los derechos aduaneros sobre las exportaciones de la UE, lo que supone 400 millones de euros al año y llegará a 500 millones de euros al año al final de los períodos transitorios. Esto hará que las empresas europeas sean más competitivas en el mercado canadiense.

Además, para las empresas europeas se abaratarán las piezas, componentes y otros insumos canadienses que utilizan para fabricar sus productos.

Otra de las ventajas que plantearía el tratado es que las empresas de la UE podrán presentar ofertas para suministrar bienes y servicios a la administración federal, provincial y municipal canadiense. Serán las primeras empresas no canadienses que podrán hacerlo. El detalle es importante, ya que el tamaño del mercado de contratación pública provincial de Canadá duplica el de su equivalente federal. Cada año las administraciones públicas canadienses compran bienes y servicios por valor de miles de millones de euros.

Por otra parte, Canadá ha aceptado hacer más trasparente el proceso de licitación publicando todas sus licitaciones públicas en un único sitio web. Dado que el acceso a la información es uno de los principales obstáculos que afrontan las pequeñas empresas a la hora de acceder a los mercados internacionales, la medida beneficiará a la pequeña empresa europea.

Asimismo, las empresas europeas tendrán más oportunidades de prestar servicios en Canadá: por ejemplo, servicios marítimos especializados, como dragados, desplazamiento de contenedores vacíos o transporte de determinadas mercancías en Canadá.

En otros sectores (servicios medioambientales, telecomunicaciones y servicios financieros), las empresas europeas podrán acceder a los mercados canadienses tanto federales como —por primera vez— provinciales.

Dado que el AECG no afecta a los servicios públicos: los Estados miembros de la UE podrán mantener sus monopolios públicos; el AECG no obligará a las administraciones a privatizar o liberalizar servicios públicos tales como el suministro de agua, la sanidad o la educación

los Estados miembros de la UE aún podrán; decidir qué servicios son universales y públicos y subvencionarlos.