Francia

Francia da luz verde al espionaje masivo sin autorización judicial

El primer ministro, Manuel Valls, responde a las preguntas antes de la votación, ayer
El primer ministro, Manuel Valls, responde a las preguntas antes de la votación, ayerlarazon

La nueva ley antiterrorista en Francia ha pasado ya su primer obstáculo en medio de una viva polémica. Los diputados franceses han aprobado en primera lectura el proyecto de ley con una amplia mayoría: 438 votos a favor, 85 en contra y 42 abstenciones. De forma inusual, el primer ministro, Manuel Valls, que ha estado en primera línea para defender el texto en el hemiciclo, salió ayer a la Sala de Columnas de la Asamblea para felicitarse ante la Prensa del éxito de la votación: «Quiero felicitarme por la gran mayoría a favor del texto sobre Inteligencia». Valls también aseguró que las nuevas normas protegen «nuestras libertades fundamentales y encuadran la actividad de nuestros servicios de Inteligencia y les dan más medios para que sean más eficaces». Pero mientras que para Valls y la mayoría de diputados la ley es protectora, para sus detractores, entre ellos numerosas asociaciones y corporaciones profesionales, es liberticida. Hasta la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha manifestado sus resquemores porque el marco legal está bien definido y los objetivos son demasiado amplios.

El principal reproche que hacen a la ley es que autoriza una vigilancia masiva de los ciudadanos, legalizando técnicas para interceptar comunicaciones en el sentido más amplio, y extrayendo esa práctica de un control judicial, porque las autorizaciones dependerán de un órgano administrativo. Gracias a la nueva ley, los servicios secretos tendrán más poderes y estarán habilitados para realizar ocho tipo de misiones: la independencia nacional; la integridad del territorio y la defensa nacional; los intereses mayores de política exterior y la prevención de toda forma de injerencia extranjera; los intereses económicos, industriales y científicos de importancia de Francia; prevención del terrorismo; prevención de la reconstitución o mantenimiento de agrupaciones disueltas; la prevención de la criminalidad y de la delincuencia organizadas; la prevención de ataques a la forma republicana de las instituciones, de violencia colectiva que pueda dañar la seguridad nacional; y la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide que se inscriba en la ley una excepción cuando se trate de periodistas, mientras que las asociaciones de defensa de los derechos del hombre y los sindicatos de magistrados denuncian que los militantes asociativos podrán ser objeto de espionaje.

Los autores de la ley han creado la figura del «lanzador de alertas» para que los agentes que quieran denunciar prácticas ilegales de sus colegas o un espionaje que consideren abusivo puedan denunciarlo ante una comisión, la Comisión Nacional de Control de las Técnicas de los Servicios Secretos (CNCTR). Esta comisión tendrá asimismo como misión autorizar los pinchazos e intercepciones. Estará formada por trece personas, pero sólo serán necesarias decisiones colegiadas en casos que generen litigio.

El proyecto de ley legaliza el uso de «IMSI-catchers», unos aparatos que funcionan como antenas para interceptar las comunicaciones telefónicas, y no sólo las del teléfono que persiguen, también las de los otros que se encuentran alrededor. La Policía francesa también podrá analizar el intercambio de datos en internet a través de la llamada «caja negra», que deberá estar instalada en los operadores de internet, lo que ha llevado a éstos a amenazar con deslocalizarse (la ley prevé una pena de dos años de prisión y 375.000 euros para los que se nieguen a comunicar las informaciones). En este contexto, el primer ministro galo se convertirá en el «factótum» de los servicios de espionaje. Es el propio Manuel Valls quien decidirá si se recurre o no a una técnica de recogida de información, tras la decisión de la CNCTR. Pero, en caso de urgencia, el jefe del Ejecutivo francés podrá pasar de la opinión de la comisión. Ante las protestas y reticencias expresadas por los distintos colectivos, el presidente de la República, François Hollande, ha asegurado que recurrirá al Consejo Constitucional una vez haya terminado el trámite parlamentario para garantizar que la ley se ajusta a la Carta Magna. Hollande defendió, a su vez, la necesidad de la norma.