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La ONU acusa a Maduro de violar los derechos humanos

La institución reúne pruebas del «uso generalizado de la fuerza y las detenciones arbitrarias» del régimen chavista, al que responsabiliza de al menos 46 muertes en las útimas manifestaciones

  • Integrantes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) vigilan en una calle durante una manifestación el pasado domingo
    Integrantes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) vigilan en una calle durante una manifestación el pasado domingo
Mirentxu Arroqui.  Bruselas.

Tiempo de lectura 4 min.

09 de agosto de 2017. 00:20h

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La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU denunció ayer en un informe preliminar «el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes» durante las protestas en Venezuela con motivo de la instauración de la Asamblea Constituyente. Según explicó ayer la institución mediante una nota de prensa, el alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, puso en marcha un equipo «a distancia» del 6 al 31 de julio, ante la falta de respuesta de las autoridades venezolanas a las peticiones de acceso al país para poder recabar información sobre el terreno.

Las primeras conclusiones de esta investigación apuntan a que las Fuerzas de Seguridad chavistas son responsables directas de al menos 46 muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados «colectivos armados», habrían causado la muerte de otras 27 víctimas durante la represión originada por las protestas. Hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal General de Venezuela había investigado 124 fallecimientos y desconocía la identidad de los responsables del resto de las muertes que todavía no han sido esclarecidas. El Alto Comisionado ha llegado a estas conclusiones tras entrevistar a 135 personas entre los que se encuentran víctimas, familiares, testigos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos y un funcionario de la oficina de la fiscal general. El informe completo se hará público a finales de mes.

Para Zeid Ra’ad Al Hussein, «desde que la ola de manifestaciones comenzó en el mes de abril, se ha aplicado un patrón evidente de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes» y según las fuentes de este informe, «varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas, y varios cientos han sido juzgadas en tribunales militares, en vez de presentarlas ante los tribunales civiles». El 30 de julio se celebraron elecciones en el país para elegir a los miembros de una nueva Asamblea Constituyente sin presencia de los partidos de la oposición, que acusan a Nicolás Maduro de haber puesto en marcha este nuevo órgano como modo de perpetuarse en el poder.

Zeid define estos últimos acontecimientos como una «ruptura del Estado de Derecho en Venezuela, con ataques constantes del Gobierno a la Asamblea Nacional y a la Oficina de la Fiscal General». Para el Alto Comisionado, la responsabilidad de estas violaciones de los derechos humanos «corresponde a los más altos niveles del Gobierno» y «no hay indicios de que esta violencia vaya a cesar».

Sobre las medidas represivas contra los manifestantes, los testigos explicaron a Naciones Unidas cómo las Fuerzas de Seguridad habían disparado sin previo aviso gases lacrimógenos y perdigones. Según varias personas entrevistadas, las Fuerzas de Seguridad del régimen utilizaron estos cartuchos de gas lacrimógenos a corta distancia y se llegaron a disparar armas de fuego. Entre la munición empleada también había canicas, perdigones, tuercas y tornillos.

Según el comunicado de la ONU, «las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones. Las instancias gubernamentales en muy raras ocasiones condenaron los incidentes».

Al igual que otras instancias internacionales, el Alto Comisionado se unió ayer a las voces contrarias a la destitución de la fiscal general Luisa Ortega por parte de la Asamblea Constituyente. Este cese llevado a cabo del 5 de agosto es «motivo de honda inquietud» y en consonancia pide a las autoridades venezolanas una «investigación independiente y eficaz» de todas las violaciones de derechos humanos en las que estén involucrados tanto los cuerpos de seguridad como los diferentes cuerpos armados.

Este lunes, en un comunicado firmado por la máxima representante de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, las capitales europeas también rechazaron con firmeza la puesta en marcha de la Asamblea Constituyente y la destitución de la fiscal general. Para los 28, estos últimos sucesos contribuyen a la «polarización de una sociedad ya dividida» y el despido de la fiscal –crítica con Maduro a pesar de su pasado chavista–debilita «aún más las perspectivas de una vuelta pacífica al orden democrático en Venezuela». Bruselas, además de oponerse al reconocimiento de la nueva Asamblea Constituyente, pidió al régimen de Nicolás Maduro que diera marcha atrás en sus intenciones de activar este nuevo órgano. Las cancillerías europeas también amenazaron con incrementar su respuesta en caso de que la Constitución venezolana no fuera respetada, aunque sin mencionar de manera explícita la posibilidad de imponer sanciones. Hasta ahora, España ha sido el único país europeo que ha abogado de manera pública por imponer castigos individuales y sanciones selectivas a personalidades ligadas con el régimen.

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