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La UE da luz verde a las sanciones contra Venezuela

Los Veintiocho llegan a un acuerdo para aprobar el lunes un embargo de armas al régimen de Maduro propuesto por España.

  • Nicolás Maduro con Maradona en Caracas /Reuters
    Nicolás Maduro con Maradona en Caracas /Reuters
Mirentxu Arroqui.  Bruselas.

Tiempo de lectura 4 min.

09 de noviembre de 2017. 03:47h

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Mirentxu Arroqui.  Bruselas. 8/11/2017

La voz de España ha conseguido imponerse poco a poco en las cancillerías europeas, pese a algunos titubeos. Ayer los embajadores de los Veintiocho llegaron a un acuerdo para imponer sanciones al régimen de Nicolás Maduro que serán aprobadas por unanimidad el próximo lunes en la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. A pesar del significado de este paso, la UE avanza muy por detrás de EE UU en la puesta en marcha de este tipo de castigos.

De momento, estas medidas restrictivas incluyen el embargo a la exportación de armas, así como a cualquier material que pudiera ser utilizado para la represión del pueblo venezolano y a equipos de vigilancia electrónica. Los embajadores también han aprobado la denominada «base legal» que permitirá confeccionar una lista de personalidades vinculadas con el régimen a las que se les podría retirar el visado para viajar a la Unión Europea y proceder a la congelación de sus bienes en suelo comunitario. Una amenaza que podría no llevarse a cabo y que está sujeta a la evolución de los acontecimientos.

En la última cita de los ministros de Exteriores en el mes de noviembre ya se dieron los primeros pasos para conseguir el apoyo político que permita este tipo de medidas selectivas. España fue el primer país en poner esta posibilidad sobre la mesa, justo antes de la celebración de las elecciones a la Asamblea Constituyente, en el mes de julio, en una intervención a puesta cerrada del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ante sus homólogos europeos en la capital comunitaria. Madrid siempre ha defendido la necesidad de estrechar el cerco contra el régimen chavista sin perjudicar a la población civil. A pesar de que la UE anunció durante el mes de agosto que no reconocería esta nueva institución elegida en unos comicios sin las debidas garantías según los organismos internacionales, países como Portugal y Grecia se resistían a imponer cualquier tipo de castigo al régimen.

En los últimos meses esa posición ha ido variando, aunque Bruselas sigue confiando en no romper completamente los puentes con el régimen de Nicolás Maduro. El próximo lunes, los Veintiocho aprobarán una serie de conclusiones en las que, según han asegurado fuentes diplomáticas a LA RAZÓN, la UE se reafirmará en que «el diálogo constructivo y las negociaciones» son la única manera de encarar la situación actual y responder a las necesidades del pueblo venezolano. Este texto de conclusiones también reafirmará que la UE está «preparada» para apoyar negociaciones creíbles que involucren a todos los actores relevantes.

La actitud prudente de la UE contrasta con la mano dura de Donald Trump contra el régimen chavista. EE UU ha impuesto varias rondas de sanciones contra personalidades del régimen que han acabado incluyendo al propio Nicolás Maduro. El pasado 25 de agosto, la Administración estadounidense dio un paso más, al –por primera vez– imponer sanciones financieras no circunscritas a personalidades concretas y poner trabas a la refinanciación de deuda del Gobierno a través de la petrolera estatal PVDSA. Una asfixia financiera que podría ocasionar la quiebra del país ante su incapacidad para hacer frente a los pagos en los mercados financieros y la declaración de «default» técnica.

El régimen de Maduro, poco a poco, ha ido perdiendo sus apoyos en la comunidad internacional. Un informe elaborado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU alertaba el pasado 30 de agosto de que la democracia en la República bolivariana «apenas sigue viva» y existe «una política de represión» para terminar con cualquier atisbo de disidencia política contra el régimen de Maduro que va más allá de hechos particulares. El texto concluye que «el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinación de funcionarios aislados. Este informe definitivo culpa al régimen de la muerte de al menos 46 manifestantes por la represión en 2017.

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