Sin frontera con Irlanda del Norte

Londres propone a la UE mantener el statu quo en la línea divisoria entre las dos Irlandas para no resucitar el conflicto, lo que permitiría el libre flujo de ciudadanos y mercancías tras el Brexit.

Reino Unido intentará, por todos los medios, de no resucitar viejos fantasmas en Irlanda del Norte. Downing Street publicó ayer su posición negociadora en la que propone una «frontera invisible» en el Ulster para no socavar los logros de los Acuerdos de Viernes Santo de 1998, después décadas de violencia. La salida de Reino Unido del bloque comunitario, prevista para marzo de 2019, convertirá la línea de casi 500 kilómetros que separa Irlanda del Norte y la República de Irlanda en una frontera exterior de la UE, y Londres apuesta por «soluciones imaginativas y flexibles», según el comunicado, para reconocer el complicado contexto de la frontera norirlandesa.

Sin embargo, en el texto publicado ayer, Downing Street en ningún momento hace alusión a la situación del Peñón de Gibraltar para establecer algún tipo de paralelismo de frontera blanda. España ha conseguido que, en las líneas rojas consensuadas entre los Veintisiete, este tema quede fuera de las negociaciones del Brexit y Londres, al menos por el momento, parece atenerse a las circunstancias.

En el documento, el Ejecutivo de Theresa May quiere evitar el regreso de los puestos de control fronterizos o cualquier tipo de infraestructura física que recuerde tiempos sombríos; rechaza igualmente una frontera marítima y lucha por mantener el actual espacio común entre los dos territorios (CTA, por sus siglas en inglés) que permite a los ciudadanos de ambos lados de la frontera moverse con libertad y sin ningún tipo de control a pesar de que ni Irlanda ni Reino Unido pertenecen al espacio sin fronteras Schengen. Se calcula que casi 30.000 personas realizan este trayecto a diario. Una última propuesta que contrasta con el deseo de los más acérrimos «brexiters» de un mayor control de la inmigración por parte de Londres, pero que podría ser matizada si trae consigo un endurecimiento en el acceso a la seguridad social británica y al mercado de trabajo.

Dentro de esta denominada línea divisoria invisible, los denominados pequeños comerciantes, que realizan el 80% de los intercambios, quedarían exentos de cualquier control fronterizo, mientras que en el caso de exportaciones a gran escala los vehículos quedarían registrados mediante un sistema electrónico que evitase controles físicos. En una hábil pirueta, Londres sugiere que no habrá problemas en este último punto si Reino Unido consigue un buen acuerdo aduanero tras el divorcio. Nada es casual. Un día antes de que May desvelase su postura sobre el Ulster, publicó un documento en el que por primera vez reconocía la posibilidad de mantener una unión aduanera temporal una vez consumado el Brexit.

Bruselas, si bien valora positivamente que Londres poco a poco vaya desvelando sus cartas de cara a la próxima ronda negociadora que comenzará el 28 de agosto, mira con desconfianza los deseos británicos de subvertir el orden acordado de las negociaciones al vincular el tema de la frontera irlandesa –de especial sensibilidad política también para la delegación comunitaria– con la futura relación entre Londres y Bruselas tras el portazo británico. Después de la ronda de julio en la que la delegación británica apareció sin papeles y los avances fueron prácticamente nulos, el jefe negociador de la UE, Michel Barnier, proclamó de manera reiterada la voluntad férrea de los Veintisiete de no avanzar a la siguiente fase (prevista a finales de octubre) hasta que se hayan producido avances sustanciales en los tres principales puntos de la salida: derechos de los trabajadores, factura del divorcio y frontera irlandesa. Reino Unido en julio tan sólo había desvelado su postura sobre el primer punto y todavía no ha presentado ningún documento sobre la que tiene visos de convertirse en la madre de todas las batallas: quién paga la última ronda antes del divorcio y qué partidas presupuestarias está dispuesto a asumir Londres. Ayer la portavoz comunitaria, Annika Breidthardt aseguró que «el tiempo está corriendo y este documento es la primera respuesta de Reino Unido a los nueve escritos que la UE publicó antes del verano», subrayó.