Los empresarios españoles echan el cierre por la inestabilidad

El cierre de empresas vinculadas a empresarios españoles en Venezuela se ha acelerado durante el último mes. Según han revelado a LA RAZÓN fuentes empresariales presentes en el país caribeño, la situación es caótica y el temor a que se produzcan expropiaciones es cada vez más creciente, aunque el verdadero quebradero de cabeza ha sido la devaluación del bolívar, vinculada a la hiperinflación que padece la economía venezolana. «Invertir supone un riesgo total. Por eso las pequeñas y medianas empresas están paradas. El problema es que tener el dinero quieto es aún más arriesgado porque mañana puede no valer nada», denuncia a este diario un empresario español radicado desde hace años en Venezuela. La tensión política generada por el malestar del régimen bolivariano con el Gobierno español, al que acusa de filtrar a los medios la posible financiación ilegal de Podemos por parte de Caracas, ha puesto en el punto de mira del presidente Maduro a las firmas españolas afincadas allí. Maduro llegó a acusar veladamente al Ejecutivo de Rajoy de instigar un golpe de Estado contra su Gobierno, conformando un eje ilusionario Madrid-Miami-Bogotá. La intimidación es tan grande que las fuentes consultadas rehusan identificarse y piden preservar incluso la actividad a la que se dedican sus empresas. La reciente devaluación de la divisa venezolana, que ha pasado de cambiarse a 50 bolívares por dólar por los 6,3 bolívares anteriores ni siquiera se ajusta a la realidad del país. «El cambio real ronda los 170 bolívares por dólar y así no es posible invertir ni importar. Conseguir suministros, repuestos, maquinaria y hasta papel higiénico es una aventura incierta y últimamente misión imposible», denuncia otro empresario. «Sólo si tienes buenas relaciones con el Gobierno se puede hacer negocio», añade.

Es el caso de una multinacional española que ya supo convivir con Chávez y que ahora trata de hacerlo en parecidos términos con Maduro, y desde la cual se advierte a este diario de que «las cosas van a empeorar en Venezuela». Esa opinión es común en la colonia española, ya sean directivos de grandes firmas desplazados por las matrices españolas o medianos empresarios radicados desde hace años. «Llevará muchos años recuperar la situación, si es que se logra», coinciden.

El control de los precios junto a las trabas para la repatriación de los capitales a España es otro de los asuntos que preocupan a los empresarios. El Gobierno venezolano trata de contener la inflación mediante decreto desde 2010. Sin embargo, ha fracasado en el intento. En 2010 la inflación se disparó al 27,2%. Un año después y pese a los controles, siguió creciendo hasta el 27,6%. En 2012 se desaceleró y cerró en 20,1%. Pero en 2013 el descontrol de los precios se fue hasta el 56,2%, casi el triple. Ahora, Caracas pretende atajar el problema refundiendo las leyes anteriores con una nueva Ley Orgánica de Precios Justos que extrema los controles, eleva las sanciones a quienes fijen los precios fueran de lo estipulado por el régimen y añade aspectos relacionados con la obtención de divisas. «Así es imposible hacer rentables a las empresas. Conozco más de diez negocios vinculados a españoles que han echado el cierre en menos de un mes», denuncia un empresario canario con interés en el país. Las cerca de 100 compañías españolas que desarrollan actividades en Venezuela han visto cómo sus inversiones se deprecian a pasos agigantados, especialmente las de aquellas cuyo negocio está vinculado al bolívar y no al dólar. Muchas han optado por marcharse ante lo que se les venía encima. El ejemplo reciente más sonado fue el de la empresa láctea Pascual. A finales de 2012, el grupo alimentario abrió en Valencia su primera planta fuera de España para producir 50 millones de kg de yogurt de larga vida junto al grupo cervecero Polar, una institución en Venezuela. La inflación y el desabastecimiento terminaron con la aventura de Pascual dos años después. La situación era insostenible, indicaron fuentes del grupo. Entre 2010 y 2013 la curva de desabastecimiento se ha incrementado mientras la presencia de productos en los establecimientos se ha ido esfumando. Los picos más altos se dieron en octubre, noviembre y diciembre de 2014, cuando la escasez alcanzó el 22,4%, el 23,0% y el 22,2%, respectivamente. El régimen asegura que la carestía de productos es consecuencia de la «guerra económica» de la oligarquía opositora, pero los empresarios responsabilizan al Gobierno por la falta de divisas y por la política de congelación de precios que los obliga a producir algunos productos a pérdida. Venezuela es actualmente un mercado abandonado por el capital, los exportadores y los turistas españoles. Así lo demuestran los datos de la Secretaría de Estado de Comercio, que cifran en sólo 8,14 millones de euros el importe total de la inversión bruta española en el país durante los tres primeros trimestres de 2014, lo que supone un descenso brusco del 95% , según datos de «El Economista».

Aunque nadie descarta que se produzcan expropiaciones, la actividad de las grandes multinacionales españolas prosigue sin contratiempos. Las nacionalizaciones fueron una tónica durante la gestión de Chávez, que en una década estatalizó casi 1.200 empresas, y el temor a que Maduro siga su rumbo es creciente. Telefónica admitió un importante agujero generado por la devaluación del bolívar, pero mantiene su apuesta por Venezuela con el despliegue inicial de su red 4G. Tampoco Repsol parece preocupada. Las relaciones con Pdvsa son excelentes y su actividad en Venezuela está dolarizada. Algo parecido le ocurre a Mapfre, con 68 oficinas directas y 59 delegadas. Su facturación fue de 1.023 millones de euros, el 4,5% de la de todo el grupo. O a BBVA, implantado con más de 300 oficinas y cuyo principal problema es repatriar los beneficios. Todo dependerá del tono político que tome la campaña electoral. Maduro está muy interesado en que su partido afín, Podemos, logre un buen resultado tanto en las elecciones municipales y autonómicas como en las generales. Y ya ha advertido de que utilizará todas las armas para proteger sus intereses políticos en España.