Dos fiscales acusan a Trump de recibir pagos de otros gobiernos extranjeros

El presidente de Estados Unidos continúa vinculado a empresas que habrían vulnerado la ley.

Donald Trump intentó ayer desviar la atención sobre todas las polémicas que golpean a su Administración al convocar la primera reunión con todo su Gabinete. Con el secretario de Estado, Rex Tillerson, a su derecha y el jefe del Pentágono, Jim Mattis, a la izquierda, que intenta mantenerse neutral en las batallas políticas de la Casa Blanca, Trump quería transmitir la imagen de que tiene su Gobierno bajo control. El magnate aseguró que no ha existido ningún presidente en la historia de EE UU que haya cumplido más promesas que él durante los primeros seis meses de mandato, con la excepción de Franklin D. Roosevelt, creador del «New Deal», tras la crisis del 29. Además, afirmó que en dos semanas ofrecerá una rueda de prensa para «explicar cómo vencerá al Estado Islámico». Sin embargo, su estrategia no salió como esperaba, ya que, a primera hora de la mañana, dos fiscales demócratas presentaban una demanda contra Trump por recibir supuestamente dinero de gobiernos extranjeros para negocios de los que no se ha desvinculado totalmente. Los fiscales generales de Maryland, Brian Frosh, y del Distrito de Columbia, Karl Racine, consideran que «nunca antes en la historia de este país» un presidente había tenido un conjunción tan grande de intereses económicos de los que no se ha desvinculado, que a su juicio ponen «la democracia en riesgo». En la demanda se establece que, aunque Trump transfirió el control de sus negocios a sus hijos, mantiene la propiedad de su compañía y recibe los informes de la marcha de las mismas.

En medio de esta nueva controversia, su equipo de abogados prepara una estrategia en la que argumentarán que Trump no ha hecho nada diferente al ex presidente Barack Obama, que también generó ingresos debido a los derechos de autor de las ventas de sus libros. Una vez presentada la demanda, un juez federal tendría que decidir si acepta el caso. Entonces, uno de los primeros pasos sería pedir copias de las declaraciones fiscales de Trump, que tanta curiosidad generan en el Partido Demócrata. Sin embargo, en la oposición tampoco hay grandes líderes en plenas condiciones para hacer frente a los republicanos.

«No creo que Trump se haya separado de sus negocios. Que sus hijos estén al frente del emporio no deja de ser preocupante por los posibles conflictos de intereses», asegura a LA RAZÓN Kermit Roosevelt, profesor de Derecho en la Universidad de Pensilvania. «La Justicia, de momento, podría obligarle a desprenderse de algunas participaciones empresariales, aunque, si se constata una violación constitucional, podría producirse un ‘impeachment’. Si los demócratas toman el control del Congreso en 2018, su presidencia sí estaría amenazada», añade el experto.

Por otra parte, Trump y su decreto migratorio sufrieron ayer un nuevo varapalo. El tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco decidió mantener el bloqueo sobre el decreto de prohibición de viaje a seis países de mayoría musulmana. Emitido primero a finales de enero y revisado en marzo después de la gran controversia causada, los tres jueces que integran esta corte expresaron que «el mandatario excedió el alcance de su autoridad» con un decreto que suspende los visados de los nacionales de Irán, Siria, Libia, Somalia, Sudán y Yemen y el programa de refugiados de Estados Unidos.

Esta decisión es importante debido a que los jueces que integran este tribunal no han tenido en cuenta los comentarios de Trump, al contrario que en otras cortes. En cambio, han basado su decisión en que este decreto carece de base que sustente una justificación por razones de seguridad nacional y, por tanto, viola la ley migratoria. El Supremo será quien tenga la última palabra.