Los funcionarios de prisiones, en pie de guerra contra Macron

Los funcionarios de prisiones inician el noveno día de huelga para protestar por las malas condiciones de trabajo y las agresiones que sufren constantemente. De nada han servido las propuestas avanzadas por la ministra de Justicia, Nicole Belloubet para mejorar su seguridad con « equipamientos, formación, gestión de detenidos radicales o violentos con un proceso de evaluación y gestión en zonas especialmente habilitadas ».

Hoy seguirán con los bloqueos que ayer, en el momento más álgido de la protesta, afectaba a 114 de los 188 establecimientos que existen en Francia, aunque por la tarde, según el ministerio de Justicia la movilización se había reducido a una docena.

En Francia hay más de 70.000 personas encarceladas, pero sólo disponen de 58.670 plazas en las que viven hacinados los prisioneros como denuncia en su último informe sobre prisiones el Consejo de Europa. Para el Comité europeo para la Prevención de la Tortura, las malas condiciones de detención en prisión « podrían ser consideradas como un trato inhumano y degradante », y este clima de violencia revierte a su vez en los funcionarios que han sido objeto de unas 5.000 agresiones el año pasado.

La gota que ha colmado el vaso fue la acción de Christian Ganczarski, un detenido alemán, islamista radical, condenado a 18 años de prisión por su participación en el atentado de la sinagoga de Djerba. Este hombre, antiguo responsable de Al-Qaida, apuñaló a tres vigilantes de la prisión de alta seguridad de Vendin-le-Vieil el pasado 11 de enero. Tres días después, en el centro penitenciario Pémégnan en Mont-de-Marsan, fueron agredidos otros siete funcionarios a puñetazos; y el viernes pasado, en Córcega, un detenido radicalizado agredió a dos guardianes con un cuchillo.

Tras la ola de atentados de 2015, el tema de la radicalización en prisión es un tema prioritario. Según la Dirección de la Administración Penitenciaria hay 504 detenidos por delitos de terrorismo, en su gran mayoría en relación con el islamismo, y unos 1.200 que son vigilados por su radicalización. Los distintos gobiernos que se han sucedido han intentado diversos medios para gestionar este tipo de prisioneros y evitar el contagio, hasta ahora sin resultados.

La ministra de Justicia, Nicole Belloubet, se enfrenta a su primera crisis. Hoy se reúne de nuevo con los representantes sindicales, pero algunos ya han dicho que si no presenta por delante un presupuesto que avale las medidas que anuncia, no habrá negociación.