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Maduro da todo el poder a la Asamblea Constituyente

El presidente venezolano pronuncia su primer discurso en el órgano legislativo paralelo para otorgarle «poderes plenipotenciarios» y entrega una ley que castiga con 25 años de cárcel a los manifestantes

  • Nicolas Maduro y su mujer Cilia Flores a su llegada a la sesión de la Asamblea Constituyente
    Nicolas Maduro y su mujer Cilia Flores a su llegada a la sesión de la Asamblea Constituyente / Reuters

Tiempo de lectura 4 min.

12 de agosto de 2017. 03:42h

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Ángel Sastre Caracas. 11/8/2017

En 1999 Hugo Chávez promulgó su propia Constitución asesorado por el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) de la Universidad de Valencia española, dirigido por Rubén Martínez Dalmau y Roberto Vinicio Pastor, vinculada a Podemos. En la nueva Carta Magna incluyó un punto esencial: la Asamblea Constituyente, capaz de erigirse sobre todos los estamentos en tiempos de crisis. 18 años después, su heredero, Nicolás Maduro, se aferra a este organismo para perpetuarse en el poder, perseguir a sus enemigos y terminar de instaurar lo que él denomina el Socialismo del siglo XXI.

Durante su primera alocución frente a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), vimos a un líder agrandado, pese a la presión internacional. Maduro se mostró desafiante rindiendo pleitesía a unos constituyentes que en teoría, tienen más poder que él. Un acto solemne que esconde una realidad: el organismo lo controla él, como el resto de instituciones. Además, Maduro entregó un proyecto de Ley para castigar a quien «salga a la calle expresar intolerancia y odio» con hasta 25 años de cárcel. Aquel que salga a las calles a expresar «intolerancia y odio» será capturado y será juzgado y castigado con severas penas de 15, 20 y 25 años de cárcel. Una manera de terminar de «apagar» las protestas, ya de por sí mermadas por la represión de la Guardia Nacional Boliviariana. «Así lo propongo aquí en esta ley», dijo el presidente venezolano quien entregó el proyecto a la Asamblea Constituyente durante una sesión especial. El jefe de Estado indicó que estas serían las penas para aquellos que «que expresen odio, intolerancia y violencia por razones culturales, políticas e ideológicas».

La propuesta, según Maduro, es para el «reencuentro» y la «justicia» entre los venezolanos. Esto confirmaría que la Comisión de la Verdad, dependiente de la Constituyente, se convierte en el nuevo órgano inquisidor del Gobierno. Por delante de este «jurado chavista», pasarán los distintos líderes opositores antes de ser inhabilitados. Despegando el camino de cara a las elecciones regionales y presidenciales de 2018.

Precisamente el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, sería el primero en la lista. Ante los embajadores de Rusia, China e India, principales compradores de petróleo venezolano, Maduro solicitó a la Comisión de la Verdad que citara a Borges, por impedir la entrada de recursos al país. Borges ha alertado a los gobiernos del mundo que cualquier contrato o créditos internacionales, sin aval del Parlamento, son nulos y emplazó a aplicar la justicia a quienes promovieron la protesta en 2017: «No importa su cargo o su nombre».

La Constitución socialista

En cualquier caso se espera que en las próximas semanas, el presidente Nicolás Maduro entregue un borrador que contenga las reformas a la Carta Magna, sin que todavía haya trascendido su contenido. Aunque sí se conocen algunas líneas sobre el rumbo a seguir que anunció cuando firmó el decreto, llamando a la Constituyente. El mandatario pretende «ampliar y perfeccionar el sistema económico venezolano, para dejar dibujado e instalado un nuevo sistema económico post-petrolero». Según Ángel Sugún, analista de la Universidad Andrés Bello, lo que el presidente ansía es «instaurar un modelo cubano, donde la economía pase por el Estado. Nacionalizaciones de empresas, control de los sindicatos y poder para endeudarse y crear empresas mixtas. Eso significaría todo el control de las reservas, el oro y el petróleo. Hacer los negocios que él quiera con sus socios de siempre». Además, el boliviariano pide constitucionalizar todas las Misiones y Grandes Misiones, sus programas sociales fuente del voto cautivo.

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