Maduro sube el salario mínimo un 30% para frenar las protestas

El presidente venezolano trata de hacer frente a la inflación galopante que ha hundido en la pobreza a los trabajadores y pensionistas con un aumento que los líderes opositores tachan de «burla»

Ante el creciente descontento de la población, traducido en decenas de incidentes violentos y protestas en los últimos días, Nicolás Maduro decidió incrementar en un 30% el salario mínimo y las pensiones coincidiendo con la celebración de la Fiesta del Trabajo. También aumentó el «ticket de alimentación», que incluso quedó por encima del sueldo mínimo establecido. Los empleados, obreros y pensionistas pasarán a percibir 15.051 bolívares de sueldo mínimo y el «cestaticket» (bono de alimentación) de 18.585, con lo que el salario pasa a ser de 33.636 bolívares, unos 87,5 dólares a tasa oficial, aunque en la calle el valor de la moneda nacional es mucho menor. Maduro sostuvo que estos incrementos salariales constituyen «misiles de defensa en la guerra económica» que asegura que le ha declarado la oposición para torpedearle.

La medida fue considerada «insuficiente» por el propio ministro de Trabajo, Oswaldo Vera, e irritó a la oposición. El diputado José Guerra rechazó el aumento por considerarlo insuficiente. «La aritmética es muy sencilla: Maduro dice que los salarios, incluyendo el ‘ticket de alimentación’, han aumentado entre abril de 2015 y abril de 2016 un 105%. Sin embargo, en ese mismo lapso la inflación subió el 275%, con lo cual los salarios reales, es decir, el poder adquisitivo, en lugar de aumentar, disminuyó», dijo. Por su parte, el gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles, consideró la decisión como una «burla» ante la creciente inflación que se vive en Venezuela y que ha sido prevista en más de 700% por el Fondo Monetario Internacional, aunque las cifras que ofrece el Gobierno chavista siempre son notablemente inferiores. «Todos los aumentos de este señor son una burla. La inflación está disparada. Sólo en marzo subió más del 20%. Hoy somos, después de Cuba, el país con el peor salario para sus trabajadores de toda América», dijo. Capriles destacó que los 33.636 bolívares alcanzan sólo para comprar una quinta parte de la «canasta alimentaria familiar» que reúne los artículos de consumo básico masivo. «La canasta alimentaria familiar en marzo [tuvo un coste de] 142.853,20 bolívares», por lo que «todos los aumentos de este señor [por Maduro] son una burla!», insistió.

Hace unos días, el Gobierno y la oposición habían anunciado, cada uno por su lado, marchas para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Sin embargo, un diluvio en Caracas, después de varios meses de sequía, impidió que los sectores se movilizaran a tiempo. Los chavistas aprovecharon la ocasión para marchar «en repudio al intervencionismo gringo y al decadente de Madrid», según había anunciado el propio Maduro, mientras que la MUD quiso salir a las calles para exigir una verdadera dignificación del salario de los trabajadores.

También ayer entró en vigor el cambio horario anunciado la semana pasada por el presidente. La crisis eléctrica que vive Venezuela obligó al Gobierno a vovler al huso horario que se tenía antes de que Chávez lo reformara en 2007. Ayer, los venezolanos adelantaron media hora sus relojes para ajustarse al horario GMT menos cuatro horas. Pero Maduro y sus funcionarios no tomaron todas las previsiones necesarias de avisar a los organismos internacionales ni a los empresas de servicios, pues las operadoras telefónicas debían cambiar automáticamente la hora a partir de las 2:30 (hora local) del domingo y no lo hicieron. Los usuarios, manualmente, debieron hacer el ajuste de huso horario.

Nueva derrota del presidente

Será hoy cuando la Mesa de la Unidad Democrática lleve hasta el Consejo Nacional Electoral las firmas necesarias para la activación del referéndum revocatorio en contra de Maduro. El último informe que presentó Capriles fue de 2,5 millones de firmas, casi 13 veces las exigidas por el poder electoral, que se vio obligado a poner en marcha el proceso del revocatorio. Pero a esta decisión se sumó ayer otro varapalo para el líder bolivariano. Hace algunas semanas la Asamblea Nacional, con mayoría opositora, aprobó la Ley de bono para alimentos y medicinas de las personas de la tercera edad y pensionistas. Los diputados del Partido Socialista Unido se opusieron a la norma porque, a su juicio, un país en crisis como Venezuela no tiene suficientes recursos para sostener una medida así. Aun así la mayoría opositora se impuso y envió a Maduro la ley para que la promulgara y éste a su vez la envió al Tribunal Supremo de Justicia para que verificara si era constitucional o no. El máximo tribunal del país no tuvo otra opción que declarar constitucional la ley y ordenó al Legislativo estudiar la viabilidad económica para cumplir con el bono. Es la primera vez en cinco meses que el Supremo respalda una decisión del Parlamento.

El Papa transmite su preocupación

Francisco I ha trasmitido al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, su preocupación ante la «grave situación» que atraviesa el país latinoamericano. El Papa lo ha hecho a través de una carta personal de la que no ha trascendido todo el contenido. Así lo ha confirmado el padre Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, recordando en la misma intervención el mensaje del Pontífice durante la bendición Urbi et Orbi de la última Semana Santa, en la que el Pontífice pidió que «se proyecte también sobre el pueblo venezolano, en las difíciles condiciones en las que vive, así como sobre los que tienen en sus manos el destino del país, para que se trabaje en pos del bien común, buscando formas de diálogo y colaboración entre todos».