Venezuela

El caso Tintori enfrenta a Venezuela con Europa

Los ex presidentes González y Aznar crean un grupo de apoyo para lograr la liberación del preso político de origen español Yon Goicoechea.

Felipe González, ayer, en Casa de América junto a Rosaura Valentini, esposa del preso político Yon Goicoechea
Felipe González, ayer, en Casa de América junto a Rosaura Valentini, esposa del preso político Yon Goicoechealarazon

El Gobierno de Nicolás Maduro entregó hoy notas de protesta a los Gobiernos de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, por sus críticas a la prohibición de salida del país a la opositora Lilian Tintori.

El Ejecutivo venezolano entregó ayer notas de protesta a los Gobiernos de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido por sus críticas a la prohibición de salida del país a la opositora Lilian Tintori, investigada tras hallar en su coche cajas con miles de dólares la pasada semana. Tintori tendría que haber estado hoy en España para reunirse con el presidente Mariano Rajoy, quien precisamente recibirá en la Moncloa a Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional.

La ofensiva contra el Gobierno de Maduro tuvo ayer otro frente liderado por Felipe González y José María Aznar, quienes volvieron a unir sus voces para reclamar la liberación de los presos políticos venezolanos. El ex presidente socialista compareció en la Casa de América para anunciar la constitución de un grupo de apoyo al preso político Yon Goicoechea, militante del partido Voluntad Popular, encarcelado desde el 28 de agosto de 2016 y con nacionalidad española. Actualmente es uno de los 603 disidentes que existen en el país caribeño. Su esposa, Rosaura Valentini, presente en el acto, leyó un texto enviado por Aznar en el que el ex presidente pide la pronta liberación de este opositor.

Goicoechea se encuentra detenido sin cargos y sobre él existe una orden de libertad de octubre de 2016. ¿Por qué sigue encarcelado? Según González, se trataría de una «venganza» del actual vicepresidente del país, Tareck El Aissami, quien en 2007 salió derrotado en el referéndum promovido por el chavismo para cambiar la Constitución. El Aissami y Goicoechea eran entonces dos líderes juveniles en bandos opuestos. El activismo de Goicoechea vendió «a la tentación de Hugo Chávez de perpetuarse en el poder» y «ahora lo está pagando», recordó el ex presidente. González defendió que Goicoechea «tiene el derecho a que el Estado español lo proteja desde el punto de vista diplomático y judicial». «Comprendo que el apaciguamiento vuelve a estar de moda, pero históricamente nunca ha dado resultado», lamentó sobre la posición del Gobierno español sobre Venezuela.

Asimismo, pidió a la Audiencia Nacional que acepte el recurso contra la inadmisión de la querella presentada contra dirigentes venezolanos por «el secuestro» de Goicoechea.

González señaló que existen miles de venezolanos en nuestro país que no reciben becas ni pensión y cuyos pasaportes no han sido renovados. En este sentido, pidió al Ejecutivo de Rajoy «políticas específicas para el colectivo de hispanovenezolanos» afectados por las políticas del presidente Nicolas Maduro y recordó que Canadá ya las ha puesto en marcha. Adelantó incluso que está dispuesto a crear «una plataforma para proteger los intereses» de estas personas. ¿Qué más puede hacer España?, se le preguntó. González sugirió que las sanciones que el Gobierno español podría pedir para que la UE limite los viajes de los dirigentes venezolanos a suelo europeo no servirán de mucho. Sí planteó, en cambio, una mayor implicación del cónsul español con los presos políticos.

Sobre la mediación con las autoridades venezolanas protagonizada por José Luis Rodríguez Zapatero, González dijo que él sólo evalúa los resultados. «Antes había 74 presos políticos y ahora hay más de 600». Además, se mostró a favor de un diálogo «para abordar una transición democrática» y confesó estar disponible para volver a Venezuela siempre y cuando sea invitado por la Asamblea Nacional, «única institución democrática que queda en el país», señaló. A su juicio, la Asamblea Constituyente convocada por Maduro cierra un ciclo que culmina “el golpe de Estado” iniciado en diciembre de 2015, cuando el Gobierno designó nuevos magistrados del Tribunal Supremo para frenar la mayoría absoluta lograda por la oposición en las elecciones parlamentarias. Ante el debate abierto entre los dirigentes opositores sobre si participar o no en las elecciones regionales de finales de año, el ex

presidente español dijo que “de entrada” habría que pedir que se cumplieran una serie de condiciones democráticas, como la independencia de la autoridad electoral y una veeduría internacional. Pero sobre todo avisó de que él cree a Maduro cuando éste dice que no está dispuesto a perder más elecciones después de la sorpresa que se llevó en las parlamentarias de 2015.