Unión Europea

Test exprés para vivir en Reino Unido

El Gobierno anuncia que exigirá a los comunitarios cumplimentar «seis u ocho» preguntas en internet y pagar 80 euros para obtener la residencia tras el Brexit. El proceso se pondrá en marcha a finales de 2018.

Manifestantes contra la salida de Reino Unido de la UE en las inmediaciones del Parlamento británico el pasado lunes
Manifestantes contra la salida de Reino Unido de la UE en las inmediaciones del Parlamento británico el pasado luneslarazon

El Gobierno anuncia que exigirá a los comunitarios cumplimentar «seis u ocho» preguntas en internet y pagar 80 euros para obtener la residencia tras el Brexit. El proceso se pondrá en marcha a finales de 2018.

El Gobierno de Theresa May está comprometido a facilitar la vida de los ciudadanos comunitarios que residen actualmente en suelo británico, por lo que el permiso necesario para permanecer en el país tras el Brexit será «tan fácil como renovar el carné de conducir». Así lo comunicó ayer el secretario de Estado de Interior, Brandon Lewis, al subcomité de la Unión Europea de la Cámara de los Lores, donde explicó que el proceso –que dará a los nacidos en el resto de la UE prácticamente los mismos derechos que a los británicos en salud o educación– será posible cumplimentarlo en internet, constará de «no más de seis y ocho preguntas», y permitirá tener la respuesta en un breve plazo de tiempo, de unas dos semanas, una vez presentada toda la documentación.

El mensaje promete ser un alivio para los más de tres millones de europeos –incluidos alrededor de 200.000 españoles– que residen actualmente en Reino Unido. Porque hasta ahora había reinado la incertidumbre y aquellos que ya habían querido regular su situación se habían topado con un tortuoso documento de 85 páginas que exigía, entre otros datos, las fechas exactas de los viajes al extranjero realizados en los últimos años. El proceso daba lugar a muchos equívocos y hubo más de un centenar de casos en los que los solicitantes recibían, por error, cartas ordenándoles abandonar el país, lo que generaba aún más confusión.

Lewis reconoció ayer que el sistema era «complicado y burocrático» y que la forma de actuar de las administraciones implicadas debe cambiar porque hay muchas familias que se ven afectadas por el cambio de estatus de Reino Unido respecto a los Veintisiete. Por lo tanto, el nuevo proceso, que se pondrá en marcha a finales de 2018, exigirá pocos requisitos para dar la residencia a los comunitarios que lleven viviendo en el país durante los últimos cinco años. Aún no se ha especificado la fecha de corte, pero se espera que sea entre el momento en que se activó formalmente el Brexit –el 29 de marzo de 2017– y la salida –prevista para el 29 de marzo de 2019–.

Aquellos que ya tienen el permiso de residencia por la vía antigua tendrán que pasar por el nuevo procedimiento, pero no deberán pagar de nuevo los trámites que, en cualquier caso, serán aproximadamente de 72,50 libras (alrededor de 80 euros), lo que pagan actualmente los británicos por, por ejemplo, renovar su pasaporte.

«Hay una presunción de que [la petición] será concedida. La única circunstancia en que a alguien no se le concederá el estatuto de ‘asentado’ [residencia] es si la comprobación de antecedentes criminales demuestra que hay criminales o que alguien ha tratado de reclamar que es ciudadano de la UE en Reino Unido, cuando en realidad no lo es», explicó Lewis, quien puntualizó que «la gente puede sentirse segura de que no tiene que hacer nada inmediatamente».

El mismo mensaje tranquilizador transmitía la carta que la «premier» Theresa May publicó el lunes en su cuenta de Facebook dirigida a los comunitarios. En ella les aseguraba: «Aprecio enormemente la profundidad de vuestra contribución, que enriquece cada una de las partes de nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestra vida nacional. Sé que nuestro país sería más pobre si os marcharais y quiero que os quedéis», comentó.

El Ejecutivo británico ya ha reclutado un ejército de 1.200 funcionarios para lidiar con los tres millones de solicitudes que se esperan recibir en los próximos dos años, aunque la cifra podría ser aún mayor porque no todos los comunitarios residentes están registrados en el consulado correspondiente de su país. De hecho, la oposición asegura que se necesitarían al menos 6.500 empleados para poder lidiar con esta carga de trabajo.

Garantizar los derechos de los ciudadanos –tanto de los comunitarios que viven en Reino Unido como de los británicos que están en la UE– fue precisamente uno de los puntos clave del acuerdo firmado por Londres y Bruselas el pasado viernes para poder pasar a la segunda fase de las negociaciones del Brexit, junto con la factura del divorcio y la frontera de Irlanda. En la cumbre europea que empieza mañana se espera que ambas partes comiencen a hablar al fin de las futuras relaciones comerciales.