Trump trata de desmontar el “Rusiagate” por vía judicial

El Departamento de Estado abre un caso criminal contra quienes investigaron al presidente. El ex fiscal especial Robert Mueller y James Comey, ex director del FBI, entre los objetivos

El departamento de Estado y el fiscal general, William Barr, han puesto en marcha una investigación criminal para investigar a quienes promovieron la investigación del “Rusiagate”. Algo así como una respuesta por lo penal, con posibles interrogatorios, gran jurado y hasta peticiones de cárcel, con la que la Casa Blanca pretende también incoar las sombras del “impeachment”.

En realidad una táctica que viene anunciándose desde hace cuatro años, con Donald Trump empeñado en que todo, las acusaciones de sinergias entre su campaña y el espionaje ruso, las noticias de las entrevistas de sus colaboradores con gentes vinculadas al Kremlin, las acusaciones de haber presionado al FBI, formaba parte de un complot a gran escala. Una operación política que él mismo ha calificado de golpista y que en los últimos tiempos juzga de auténtico linchamiento.

Como explica Katie Benner y Adam Goldman en “The New York Times”, la medida también crea una «situación inusual, con el departamento de Justicia llevando a cabo una investigación penal sobre sí mismo». Y anotan que Barr no ha nombrado a un fiscal cualquiera. De hecho el caso ha recaído en John Durham, cuyo currículum incluye haber las acusaciones de torturas contra la CIA así como operaciones antimafia. Este prestigio, sostienen los reporteros del Times, ayudaría a «aislar al fiscal general de las acusaciones de que está haciendo lo que el presidente le ordena y que pone la política por encima de la justicia».

Aunque los medios insisten en que nadie sabe bién que investiga el fiscal Durham, ni desde cuándo, lo cierto es que todo apunta a que Durham tiene bajo el microscopio a la CIA, el FBI, el departamento de Estado y parte del anterior gobierno, y que las pesquisas van desde 2016 hasta 2018. De hecho a nadie le sorprendería que el departamento de Estado acabe por citar a pesos pesados del Partido Demócrata; al o, incluso, al ex director del FBI, James Comey, despedido por Trump y que posteriormente acusó al presidente de haber intentado presionarlo para que librara a sus colaboradores de la investigación del FBI.

Y desde luego que las presiones desde la Casa Blanca a una Fiscalía General teóricamente aislada de sus influencias, afín pero no entregada, han sido constantes. Empezando por la salida del fiscal Jeff Sessions, al que Trump acusó en privado y en público de comportarse con servilismo hacia sus enemigos y al que siempre afeó que no actuase con ciega lealtad. El pasado abril, cuando se publicó el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre el “Rusiagate”, y más allá de que los investigadores no encontraron pruebas concluyentes de la colusión, “The New York Times” se hacía eco de los comentarios de Chuch Rosenberg, que dirigió el gabinete del FBI bajo el mandato de Comey. «La mala noticia es que los ataques fueron implacables, pero la buena noticia es que el sesgo político del departamento es delgado y posee una fuerte tradición de profesionalismo. Pero verlo, y leer sobre el comportamiento del presidente, es profundamente inquietante».

Inquietante, sí, porque de la lectura de sus páginas se desprende la evidencia de un gobernante en permanente guerra con los funcionarios públicos del departamento de Justicia, que no dudaba en apretarlos delante de las cámaras y de demandar continuas muestras de sumisión, y que ahora, a la vista de las de momento magras revelaciones sobre la investigación criminal, podría finalmente haber culminado su intento de subvertir las acusaciones recibidas con otras de nuevo cuño.

Eso es, precisamente, lo que investigan con desigual suerte los congresistas de los comités, convencidos de que el presidente habría usado sus prerrogativas para azuzar cazas de brujas. Pero igual que será complicado demostrarlo, y de que pueden contar con la franca hostilidad de sus enemigos políticos, parece evidente que las pesquisas ordenadas por Barr podrían derivar en un cataclismo político que eclipse o al menos equilibre las peores turbulencias del “impeachment”.

A un año de las elecciones de 2020, Estados Unidos podría acabar con buena parte de este y el anterior Gobierno sometidos a investigaciones paralelas. Tiempos de sospechas, acusaciones y embustes con los que contraprogramar al rival y pelear por los titulares. En aquella misma pieza del rotativo neoyorquino daban cuenta de la desazón de Matthew S. Axelrod, alto cargo del departamento de Justicia con Bush y Obama. Para Axelrod nada sintetiza mejor los días salvajes que vivía el departamento que la imagen del fiscal General Sessions, con una carta de renuncia cada vez que tenía una reunión en la Casa Blanca. «Un vívido reflejo», sentenció, «del enfoque disfuncional y sin precedentes que este presidente ha tomado hacia el departamento de Justicia y el FBI».