Alcorcón

La última factura de Cascallana

La Razón
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El ex alcalde de Alcorcón, su jefe de Gabinete y la concejala de Empleo gastaron 15.000 euros en un viaje de cooperación a Costa Rica en 2009

El Ayuntamiento de Alcorcón sigue desempolvando facturas de la época de Cascallana que vienen a explicar cómo el socialista pudo dejar en herencia una deuda que supera los 600 millones de euros y ha mantenido condicionado al actual equipo de Gobierno. Se trataba de un proyecto de cooperación financiado por la UE pero ni mucho menos eso significaba que fueran a dejar de cobrar dietas, a pesar de que las arcas municipales no pasaran por su mejor momento. Es decir, el viaje podía no haber supuesto un euro de gasto para los vecinos de Alcorcón pero acabaron pagando una factura que superó los 15.000 euros. ¿Cómo? Sencillamente, viajando al Caribe a cuerpo de reyes. Ocurrió en 2009, del 2 al 9 de mayo, cuando se celebró en Costa Rica el Seminario de la Comisión Europea del Proyecto Urbal III al que asistieron el primer edil, Enrique Cascallana; su jefe de Gabinete en la Alcaldía, Pedro Moreno, y la entonces concejal de Empleo en la localidad y vicepresidenta delegada del Imepe (Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica), Marta Bernardo. El viaje era un proyecto de cooperación internacional y estaba financiado por la Comisión Europea Melgodepro, que pagaba los vuelos, la manutención y el alojamiento. Aún así, los tres políticos hicieron gasto del erario público para viajar más cómodamente.

Y es que, lejos de viajar en clase turista, parece que a los socialistas se les antojaba demasiado incómodo tantas horas de avión en clase «obrera» y optaron por la clase business, siempre más espaciosa. Melgodepro pagaba 1.500 euros por vuelo pero ellos gastaron casi 5.000 euros cada uno (4.947,07 euros/vuelo). La diferencia, 3.500 euros, tuvieron que ser abonados posteriormente por el Ayuntamiento ya que, a pesar de tratar de imputar el total de la factura, desde la UE sólo les admitían 4.500 euros en total (1.500 euros por cada vuelo y tres personas). La factura total de los tres socialistas ascendió a 19.596 euros: 6.532 euros cada uno. Melgodepro pagaba 1.500 euros del vuelo de cada uno: 4.500 euros en total. La diferencia, 15.069 euros, corrió a cargo del Ayuntamiento. Esto es la diferencia de los vuelos (la UE sólo pagaba 1.500 por cada uno y ellos gastaron 4.500 cada uno) y las dietas de cada uno. El desglose es el siguiente: 1.040 euros en concepto de dietas (130 euros al día por ocho días de estancia en Costa Rica), 545 euros en gastos de alojamiento y los 4.947 euros del vuelo en business. Los vuelos los pasa el propio Moreno al interventor municipal en una nota de régimen interno del 20 de abril de 2010, casi un año después.

Sólo podían pasar 1.500 euros

En la misma, explica que los tres socialistas asistieron al seminario europeo y que el importe de cada uno de los vuelos fue de 4.947 euros, «que fueron abonados de la cuenta bancaria de Melgodepro y que de cara a la justificación económica que estamos realizando a la Comisión Europea que debemos presentar en breve, sólo podemos imputar el importe de 1.500 euros por billete a la cuenta bancaria del proyecto arriba mencionado y cuyos datos son los siguientes...». En el documento explica que «por todo lo anterior, solicito libere el dinero restante de dicha cuenta para poder realizar los pagos pertinentes y así presentar la justificación económica». Pero Cascallana, Moreno y Bernardo, no sólo se excedieron en los vuelos. A pesar de que Melgodepro corría con los gastos del viaje (alojamiento y manutención), los concejales tienen derecho por ley a cobrar dietas en cada viaje que realizan. En concreto, 130 euros diarios. Podría ser éticamente reprochable cobrarlos igualmente (ya que van directamente a su bolsillo, no a pagar gastos del viaje porque éstos ya están sufragados por la UE), lo cierto es que no es ilegal. Así, cada uno cobró sus dietas. En total, unos 1.500 euros cada uno por la semana en Costa Rica. Mientras este gasto sale de la partida de Alcaldía para Cascallana y Moreno, la concejala de Empleo necesita pasarlos y, según un documento al que ha tenido acceso este diario, se las autoriza ella misma en una «justificación de indemnización por razón de servicio» el 17 de junio de 2009 y un mes después, el director de Formación y Empleo del Imepe (ella es la vicepresidenta), dicta una resolución por la que aprueba la justificación de la orden de «pago a justificar» acordado por la resolución 30/04/09 de 4.947,07 euros. Lo firma el secretario delegado del Imepe, Julio Montero y ella misma.