Violencia de género

Las comunidades han invertido más de 700 millones en la lucha contra el maltrato

Las autonomías han invertido más de 769 millones de euros en la lucha contra la violencia machista durante la última década en proyectos de asistencia integral a las víctimas y sus hijos, en centros de acogida, programas de formación y empleabilidad y acciones de sensibilización. La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha ofrecido este dato, que se ha cuantificado por primera vez, en el marco de la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, donde el Gobierno y las comunidades autónomas debaten sobre nuevas medidas para combatir la violencia machista.

Camarero ha agradecido la implicación y el esfuerzo de las autonomías en la consecución de una sociedad libre de violencia machista y ha destacado "el compromiso de los poderes públicos"en la erradicación de esta lacra. Las comunidades autónomas socialistas, Andalucía y Asturias, se han quejado por los recortes en esta materia con respecto al año 2011 y por la negativa del Ejecutivo a incorporar en el orden del día de la conferencia sectorial un punto para debatir sobre la reforma de la ley del aborto.

Camarero ha dicho que "no es cierto"que se haya reducido el presupuesto destinado a las comunidades autónomas, sino que se está repartiendo el mismo dinero que en 2011 y las víctimas de violencia machista cuentan con "más recursos y más derechos". La secretaria de Estado ha explicado que no se ha incluido un punto específico sobre la reforma del aborto en la conferencia sectorial al no haber "ninguna novedad"que tenga que ver con su Departamento, aunque ha indicado que las comunidades podrán debatir sobre este asunto en el turno de ruegos y preguntas.

En la reunión se ha estudiado el informe de evaluación autonómica sobre el desarrollo de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género del año 2004, que analiza los recursos, servicios, prestaciones y herramientas de las administraciones territoriales para ofrecer protección y asistencia a las víctimas y sus hijos. Este documento, según Camarero, permite concluir que España dispone actualmente de "un amplio sistema para la prevención, atención y protección"de las mujeres y menores que sufren violencia machista.

La secretaria de Estado ha señalado que la lucha contra esta lacra, que en la última década ha supuesto el asesinato de más de 750 mujeres (9 de ellas en lo que va de año), es "una prioridad del Estado". En la conferencia sectorial se ha acordado el reparto de las transferencias a las comunidades autónomas para la financiación de proyectos de asistencia integral a las víctimas de violencia de género, las mujeres y sus hijos.

En fechas próximas se repartirán 5,18 millones de euros, que incluyen 1,2 millones de euros destinados a proyectos de atención integral a menores y una nueva partida de un millón de euros dedicada a programas de coordinación y planes personalizados. La intención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es "mejorar la respuesta que se ofrece a las víctimas y avanzar en la coordinación entre administraciones", según Camarero.

En la reunión de hoy, se unificarán los criterios de aplicación del protocolo de derivación entre casas de acogida, dentro de la apuesta por estrechar la coordinación y dar a las mujeres y a sus hijos una asistencia personalizada, lo más ajustada posible a sus necesidades. Además, las comunidades autónomas podrán disponer del material de las campañas "Hay salida a la violencia de género"que comenzaron en noviembre del año pasado y esta misma semana, dentro de una secuencia de sensibilización dirigida a los jóvenes.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas compartirán igualmente la información necesaria para actualizar la "guía de recursos para las víctimas de trata con fines de explotación sexual". Camarero ha resaltado el compromiso del Gobierno en la lucha contra esta forma de violencia sobre la mujer y ha recordado el aumento del 33 por ciento del presupuesto destinado a la asistencia a las víctimas, por un importe superior a los 2 millones de euros en 2015.