2.222 euros por una hora de vuelo, con cargo a los cursos

El dibujo de situación que hace la Policía Judicial en un oficio centrado en las ayudas concedidas por la Junta a la empresa Faasa Aviación es el de una historia de «abusos constantes».

El dibujo de situación que hace la Policía Judicial en un oficio centrado en las ayudas concedidas por la Junta a la empresa Faasa Aviación es el de una historia de «abusos constantes». Un abultado apartado del informe, fechado el pasado 23 de septiembre y consultado por LA RAZÓN, se centra en los fondos públicos que se otorgaron con fines formativos y en él se han repasado más de una decena de expedientes. Según los investigadores, existe en ellos un catálogo de irregularidades que pasan por facturas elevadas e imputaciones de conceptos como «material didáctico» excesivas «a todas luces» o «aberrantes» con cargo a los cursos, que en algunos casos superaron los «100.000 euros»; el presunto «abono de nóminas a trabajadores» también con esos fondos públicos; la «facturación en cadena a sus propias empresas filiales en concepto de alquiler de espacios» como a Caena; los gastos en material de oficina que se «cuatriplican» de un año a otro; o episodios puntuales llamativos ligados a sueldos, entre otras cuestiones. En relación al primero de los puntos señalados, la Policía recoge en su informe que en una de las acciones formativas de la sociedad se anotaron «10.438,31 euros en concepto de manuales» para 24 alumnos, lo que «resulta prácticamente a 500 euros» por cada uno, o cómo se pagaron en teoría entre 15.000 a 24.000 euros en «ferretería».

Por lo que respecta a los salarios, los investigadores reflejan que las imputaciones a los cursos de los distintos profesores son «muy diversas» desde un 1% en un mes al 100% en otros. Y en concreto llama su atención el «sueldazo» de un «responsable de Faasa», que pasa con los años «de 3.000 a 13.000 euros». Un alza que para los agentes «corre a cargo de las subvenciones» en un porcentaje que «responde a un albedrío interno» de la compañía y que de media es del 30%. Y hay más ejemplos. En un curso se habría abonado a un profesor «casi 16.000 euros en cinco meses», en otro «casi 10.000 en tres meses» y en un tercero «17.818,29 euros por 168 horas». Sin dejar el ámbito de los docentes, la Policía apunta también que con respecto a algunos de ellos se aportan facturas en lugar de nóminas o que los externos «cobran menos, no se benefician del ‘chollo de las subvenciones’» y no le parece «justificable ni admisible» que «un profesor perciba un segundo salario imputado al curso por ‘gastos generales’». En su relato de anomalías incluye además que en una acción formativa de piloto comercial de helicópteros se pagó la hora de docencia a 241,61 euros y un monitor que dio «sólamente 9 horas de prácticas de vuelo» percibió «2.222 euros» por cada una, lo que supone para los investigadores «un abuso de los fondos públicos desmesurado». A un docente distinto fueron a parar «1.650 euros aproximadamente por dos horas» de vuelo y una profesora facturó 650 euros un mes, cuando en la memoria de ese curso consta que sólo dio una hora de clase, por lo que los agentes se preguntan: «¿Ha cobrado 650 euros la hora de clase o le han abonado su nómina al completo con cargo a las subvenciones públicas?». A lo expuesto, suman que a «ciertos profesores» de la plantilla de la empresa le correspondían «un número de horas lectivas», pero también computaban a la ayuda de la Junta «las horas de preparación de las clases», lo que, a juicio policial, «rompe los esquemas de la docencia en España, no observándose en ningún otro ámbito que los profesores cobren en sus nóminas el tiempo invertido» en esa tarea. No sucedía esto con los monitores externos.

Los investigadores trasladan también al juzgado sevillano que coordina el «caso Infoca», en el que está personado Ecologistas en Acción, que la empresa se benefició de las exoneraciones masivas que para la Policía implicaron «una sangría de dinero público» a la que la Junta ha pretendido ahora «poner fin» anulándolas. Dejan constancia en su oficio, asimismo, de que «se duplicaron gastos subvencionados», se incumplieron los compromisos de contratación o se terminaron de pagar «las aeronaves en su totalidad, o casi, a costa de los cursos», medios aéreos que la Policía asume que se usaron «para el resto de labores de la empresa (taxi aéreo, etc)». Considera, en definitiva, que «los presuntos abusos en los que han incurrido Faasa Aviación suponen una conducta cuya erradicación debe sobrepasar el mero reproche administrativo». «Han conseguido el cobro de un exceso de dinero público mediante diversos tipos de argucias», se defiende en el documento policial, para matizar que esto habría sido detectado por la Intervención de la Junta «sólo en la última etapa», pero «venía dándose desde bastante años atrás» y debe ser «objeto del orden penal». Fuentes de Faasa, por su parte, niegan que se hayan aplicado porcentajes arbitrarios al margen de la legalidad y afirman que se ha contratado a profesores «acreditados» en el ámbito aeronáutico. Apuntan que la sociedad cerró 2015 «con unos ingresos cercanos a los 51 millones» y que la partida de gastos de personal ascendió a «poco más de 15», el 30% de los costes de la compañía. En cuanto a los ingresos procedentes de la formación, «fueron superiores a 1,5 millones». Prevén que este año crezcan y la cifra de facturación global ronde «los 55,5». Insisten en que, pese a que «muchas de las ayudas no se han cobrado, la formación sí se ha dado y nunca se ha dejado a un alumno tirado» y subrayan que cuentan con un centro de formación privado en funcionamiento con cursos cuya tasa de inserción laboral «se sitúa sobre el 90%», superada la fase de estudio.