Año I del Plan ciclista: 8,6 millones gastados de los 421 previstos

El 19 de septiembre de 2013, la ex consejera de Fomento y Vivienda Elena Cortés comparecía para presentar «su» iniciativa estrella con la que pretendía revolucionar la movilidad en las capitales andaluzas e impulsar un nuevo modelo productivo. Nacía así el Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020, que fue finalmente aprobado en Consejo de Gobierno en enero siguiente.

La Consejería cifró en 421 millones la inversión total para implantar y en determinados casos revitalizar el uso de este medio de transporte, cuyo mayor exponeente es la ciudad de Sevilla, donde precisamente IU lo promovió con éxito durante las dos legislaturas que compartió Gobierno con el PSOE. Un año y medio después, solo se han adjudicado 8,6 millones del montante previsto, según cifras aportadas por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop). El culmen se fijó en 2020, cuando la red debería alcanzar los 5.200 kilómetros.

Según se desprende del Plan, los cuatro primeros ejercicios (2014-2017) se centrarían en «obtener una red básica de vías ciclistas en las diez principales ciudades andaluzas, para abordar después las redes del resto de ciudades de más de 20.000 habitantes y las redes metropolitanas».

Esa primera inversión en las ocho capitales de provincia más Algeciras y Jerez se fijó en 71,93 millones, ya que la mitad de las infraestructuras están hechas. n total, se completarían 312 kilómetros de vías más, frente a los 333 existentes. En cuanto al resto de ciudades de más de 50.000 habitantes el coste asciende a 34,5 millones y otros 73,6 para las de más de 20.000 personas. Por su parte, la red de transporte requiere 134 millones y otros 36 para la ocio-deportiva. Por último, en el programa de Red Autonómica se invertirían otros 72 millones y 600.000 euros para aparcamientos.

Las optimistas previsiones de Fomento y Vivienda cifraron en mil millones de euros anuales el impacto de la implantación de la bicicleta como alternativa real al vehículo motorizado. Sus cálculos reflejan, por ejemplo, 73 millones de ahorro anual en transporte público por el coste del billete a administraciones y ciudadanos. Sin embargo, no computa el hecho de que el coste por pasajero se incrementaría. Otro parámetro de los que más repercuten son los beneficios para la salud, que estima en 144 millones, aunque tampoco detalla a qué partidas correspondería dicho ahorro, así como el absentismo del trabajo, que reduciría en 30 millones los costes.

El exceso de optimismo que han criticado diversos sectores desde la presentación del plan, se deja ver también en su estimación de impacto económico de las nuevas vías. Un ejemplo es la red autonómica ocio-deportiva, que generaría «unos beneficios anuales que al menos duplican la citada inversión: 69,65 millones». Según las cifras que maneja la Consejería, y que apoya en estudios de impacto en ciudades europeas, la red metropolitana generaría unos beneficios anuales «cuando menos superiores a los 400 millones de euros», con lo que la inversión de 350 millones prevista se amortizaría en un solo año. Pese a todo, el empuje ha sido mínimo en su primer ejercicio.

Previamente, y para sostener su plan, la Junta había encargado diversos estudios relativos al uso de este medio de transporte entre los andaluces. En septiembre de 2013, adjudicó por casi 360.000 euros la investigación «Movilidad sostenible en Andalucía: práctica y discurso en el uso de la bicicleta». De ella se encargó la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Ese mismo mes, logró otro contrato por 109.000 euros para determinar el «Impacto de la bicicleta pública en Andalucía». El tercer estudio similar fue encargado a la Universidad de Sevilla y consistía en determinar la «Metodología para la evaluación, análisis y desarrollo de la intermodalidad bicicleta-transporte público en aglomeraciones urbanas: aplicación de área metropolitana de Sevilla». Se adjudicó por 130.000 euros. La Universidad de Córdoba también participó con un informe titulado «Análisis de la percepción-demanda social de los usuarios de las vías ciclistas andaluzas y estudio pre-normativo para reducir los accidentes por deslizamiento/derrape con pavimento mojado y mal tiempo», un extenso epígrafe para el que recibió 315.000 euros y que elevaría los trabajos previos a más de 900.000 euros.