Anticorrupción avala que el ex cargo de la Junta enjuicie a Chaves y a Griñán por los ERE

Se opone a las recusaciones promovidas por Manos Limpias y el PP al no ver motivo para apartarlo aunque pide al propio Izquierdo que analice si su imparcialidad se puede ver afectada

«El mero hecho del desempeño de un cargo público en la Administración autonómica andaluza no es ‘per se’ causa de abstención o recusación». De esta forma se ha alineado la Fiscalía Anticorrupción con los encausados en la rama política del «caso ERE», la centrada en el procedimiento por el que se repartieron las ayudas que afecta a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que no ven motivo para apartar al ex alto cargo de la Junta Pedro Izquierdo como magistrado ponente del juicio.

Manos Limpias primero y el PP después han intentado desvincular al juez, presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, presentando incidentes de recusación, pero el Ministerio Público replica ahora los argumentos en los que los basaron. Sostiene en su escrito, consultado por LA RAZÓN, que no está acreditado que se haya forjado una «amistad manifiesta» entre Izquierdo y alguno de los inculpados, al margen del «hecho cierto de haber sido nombrado y mantenido en el cargo de confianza por dos de ellos», en alusión a los ex presidentes socialistas. Es más, los representantes procesales de los populares apuntaron a la existencia de una relación de subordinación que Anticorrupción cree que tampoco se puede dar por hecha por el simple dato de que el decreto de su nombramiento lo firmara Chaves, pues fue propuesto como alto cargo de la Consejería de Justicia por «la entonces», en 2008, titular de ese departamento «Evangelina Naranjo» y el rango normativo del decreto exigía su rúbrica. Para la Fiscalía, la subordinación a la que se hace referencia en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) requiere de «una relación cercana y directa que suponga la ejecución de órdenes impartidas de manera cierta entre las dos partes» y ésta no se ha constatado, a su juicio, en el escrito del PP, mas allá de «la genérica relación de subordinación que tienen todos, absolutamente todos, los funcionarios de la Junta, respecto del presidente del Consejo de Gobierno».

Ambas partes personadas, Manos Limpias y los populares, recurrieron a otro artículo de la LOPJ y señalaron que Izquierdo tendría «interés directo o indirecto en el pleito». Pero tampoco éste le sirve al Ministerio Público. «Ninguna de las partes concreta hecho alguno» que lo refleje, arguye de nuevo, al margen de «reiterar el hecho de su cargo político durante seis años dentro de la Administración andaluza». Un puesto que ocupó, suma, en el organigrama de una consejería «ajena a las que puedan considerarse implicadas en los hechos contenidos en el escrito de calificación» relativo a la pieza del procedimiento específico, matiza. Y remata aseverando no conocer «hecho o manifestación del ponente» que «lleve a considerar sin error alguno que tenga un interés directo o indirecto en el pleito». Con todo, Anticorrupción no se queda ahí.

En otro escrito pide al magistrado que revise su conexión con el «caso ERE». Afirma en él la Fiscalía que no encuentra a día de hoy «motivo cierto y concreto alguno» para pedir que se abstenga en el juicio, pero le traslada, no obstante, una hilera de aspectos que, entiende, pueden afectar a «las exigencias de ausencia de causas ligadas al ponente que puedan afectar a su imparcialidad, por haber tenido conocimiento directo o indirecto del contenido litigioso» del proceso, para que sea él quien analice si alguno podría afectarle. Entre ellos se cuela una de las bases del caso: el uso de las transferencias de financiación por las consejerías, en particular por la de Justicia a la que perteneció, junto a «los sistemas de control» de la actuación de esos departamentos y de sus entes instrumentales por parte de la Intervención. Será Izquierdo, por tanto, quien deberá decidir sobre su imparcialidad.