Anticorrupción pide abrir otra causa para investigar 185 millones de los fondos Jeremie

La Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), adscrita ahora a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, ha pasado de ser señalada por entes fiscalizadores como la Cámara de Cuentas, que apreció incluso un posible menoscabo de fondos públicos por cantidades que no se reclamaron a ciertas empresas; a estar en el punto de mira de la Justicia, en concreto de la Fiscalía Anticorrupción. Ésta ha solicitado al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga ya irregularidades en otra empresa de la Junta dependiente del mismo departamento, Invercaria; que abra un nuevo proceso en torno a Soprea.

Fuentes judiciales explicaron ayer a LA RAZÓN que el Ministerio Público ha remitido al titular del órgano judicial, Juan Gutiérrez Casillas, un escrito en el que le pide que envíe a reparto el atestado elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional relativo a las ayudas procedentes de la iniciativa «Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises», los conocidos como fondos Jeremie de la UE, que gestionó Soprea entre 2007 y 2013 y que alcanzaron un volumen de 185 millones de euros. De esta forma, otro juzgado se haría cargo de lo que «’a priori’ podría convertirse en otra ‘macrocausa’» separada de la que se centra en el reparto de fondos propios de Invercaria, a juicio de estas fuentes.

En el mencionado trabajo policial que obra en poder de Gutiérrez Casillas, los investigadores analizaron las subvenciones que recibió Kandor Graphics, una compañía de cine de animación, y que incluyeron cinco millones procedentes de Jeremie. A ellos habría que sumar el casi millón y medio que le aportó Invercaria entre participación en capital y distintos tipos de préstamos. En relación a esa sociedad, Anticorrupción pretende que se indague también el hecho de que el responsable de Soprea, Mariano Sánchez Pobre Bejarano, fuese nombrado un día después de cesar en este organismo como director general de Kandor.

En el atestado de la UDEF se apunta que podrían existir anomalías en 17 proyectos empresariales que acumularon ayudas de los fondos europeos por un global de unos 62 millones de euros.

Sin embargo, desde el Gobierno andaluz defienden su «correcta» gestión del dinero de la iniciativa Jeremie, «bien valorada» por la Comisión Europea, según aseveró ayer el portavoz de la Junta, el socialista Miguel Ángel Vázquez. La encargada de la gestión de esos fondos en la comunidad, la agencia IDEA, por su parte, mostró su respeto por la decisión de la Fiscalía en un comunicado en el que defendió, no obstante, que «pueden rebatirse todas las presuntas irregularidades» publicadas en torno a los 17 proyectos a los que se refiere la Policía y de los que «al menos 10» de las empresas que los soportaban «se encuentran actualmente en concurso de acreedores». Para IDEA, que niega que la Cámara de Cuentas detectara anomalías en Jeremie, «todos los expedientes siguieron el procedimiento establecido»: el director general aprobó los que tuvieron «un apoyo menor a los 500.000 euros», el Consejo de Administración «los menores de 3 millones» y la Comisión Delegada de Asuntos Económicos a partir de esa cifra.

Comisiones por gastos de gestión

Uno de los aspectos llamativos de los fondos Jeremie es que parte del dinero –el 80 por ciento proviene de fondos europeos– se queda en las empresas públicas de la Junta de Andalucía como gastos de gestión. Este periódico ha informado en varias ocasiones sobre este asunto, antes incluso de que la Cámara de Cuentas pusiera en cuestión las cuentas de Soprea e incluso dudara de su elección como gestora al ser «medio propio» de la Agencia IDEA. Esta práctica está extendida a otras empresas públicas que participan en la gestión de otros fondos puestos en marcha por la Junta, como es el caso de Extenda.