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Anulan un contrato del Infoca de 3,4 millones por una adjudicación irregular

El Tribunal Administrativo obliga a repetir la licitación del servicio sanitario del personal del dispositivo. La recurrente denuncia el «propósito» de la Agencia de Medio Ambiente de excluir a otras empresas licitadoras

  • El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, atendiendo a los medios
    El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, atendiendo a los medios
P. García.  Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

18 de septiembre de 2017. 21:38h

Comentada
P. García.  Sevilla. 19/9/2017

La gestión del Plan Infoca por parte de la Consejería de Medio Ambiente que dirige José Fiscal permanece en entredicho. Prácticamente coincidiendo en el tiempo con la imputación de cinco cargos a raíz de la investigación judicial por la adjudicación irregular del contrato de alquiler de medios aéreos, el Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía ha decidido anular otro contrato millonario tramitado por la Agencia de Medio Ambiente y Agua, correspondiente al servicio sanitario para el personal del dispositivo andaluz para la prevención y extinción de incendios forestales. Los garantes de la legalidad en las relaciones contractuales de la Administración autónoma obligan a repetir el procedimiento y elaborar otro pliego de condiciones para evitar un nuevo contencioso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dañaría aún más la imagen política actual.

Este verano la Agencia de Medio Ambiente y Agua, ente instrumental adscrito a la consejería, sacó a concurso el contrato denominado «Servicio sanitario para el personal del Plan Infoca en la Comunidad Autónoma de Andalucía», por un valor estimado de 3,4 millones de euros, al que sólo se presentó la empresa Semesur SAU, virtual adjudicataria hasta que la entidad Medial Sistemas de Gestión SL decidió impugnar el procedimiento, al entender que se beneficiaba a la actual adjudicataria. Su recurso, contra el pliego de cláusulas particulares y el de prescripciones técnicas, conlleva como primera medida la suspensión de la adjudicación el 11 de julio.

En primer lugar, Medial SG denuncia que el servicio que se pretende contratar se encuentra judicializado, después de iniciarse un recurso contencioso administrativo contra la resolución del 13 de febrero de 2015 del director gerente de la agencia que adjudicó el contrato vigente a Semesur, pese a las «manifiestas irregularidades en la licitación y adjudicación», señala la perjudicada. Este argumento es tumbado por el tribunal al entender que la consejería no puede desatender sus competencias por un «simple recurso».

En segundo lugar, Medial SG afirma que no es conforme a derecho la exigencia de presentación de certificado de gestión medioambiental según la norma ISO-14001, al ser solo exigible a los contratos sujetos a regulación armonizada. El tribunal lo desestima también al entender que esta norma está «íntimamente ligada» al servicio, tanto para el servicio integral de asistencia sanitaria como para la gestión del material. Como tercer motivo del recurso, pone en duda la valoración de los trabajos en urgencias entre los requisitos del personal técnico. La recurrente denuncia la exclusión de servicios «con el único propósito de provocar que alguna empresa no pueda licitar», pero el tribunal entiende que no hay vulneración de los principios de igualdad, concurrencia y transparencia. Igualmente, desestima el cuarto alegato, que hace referencia a que no es conforme a derecho la exigencia de un determinado formato para la razón social de una empresa, en este caso la asistencia sanitaria de urgencias y/o emergencias.

Medial SG detecta otras irregularidades, como que no es conforme a derecho el no exigir determina clasificación administrativa y que no son conformes a derecho los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependen de un juicio de valor, como la planificación formativa, los protocolos y procedimientos internos y el programa de gestión de recursos humanos, cuya puntuación «puede ser determinante» e implica una «valoración totalmente discrecional y arbitraria». El tribunal niega este excesivo margen de discrecionalidad y avala el contenido del pliego.

En cambio, sí acepta un séptimo y octavo argumento con los que la recurrente estima que «se cierra el paso a licitadoras que no hayan realizado un programa de formación en el último año» y el requisito de acreditar mediante declaración responsable que «el programa se está empleando y funciona»; y en segundo lugar, Medial SG denuncia que no es conforme a derecho establecer en el presupuesto de licitación que en este contrato no procede aplicar el IVA.

El tribunal concluye que procede estimar parcialmente el recurso, anular el pliego, retrotraer las actuaciones al momento previo a la elaboración y convocando una nueva licitación, pese a considerar las irregularidades «no invalidantes».

Podemos exige «contundencia» ante las imputaciones en Medio Ambiente

Podemos exige a la Junta que sea «contundente» después de que el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla haya citado a declarar a personal de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en una investigación relacionada con la contratación de medios aéreos del Plan Infoca. El secretario de Comunicación de la formación morada, Pablo Pérez Ganfornina, se refirió a estas personas como el «cártel del fuego», y pidió que el Ejecutivo de Susana Díaz se posicione «de forma clara» ante un caso «tan alarmante sobre la corrupción que previsiblemente ha habido con la contratación de servicios», al tiempo que ha reclamado que se depuren responsabilidades. «Mientras hay bomberos que se juegan la vida por mil euros al mes, hay altos cargos de la consejería que se lo llevan calentito. Esperamos de Díaz muestre algún signo de preocupación, porque «la política de Medio Ambiente hace aguas por todas partes» y es neceario un cambio de rumbo «total» al respecto.

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