APDHA teme un «efecto llamada» en la banca si la Junta compra sus pisos

SEVILLA - «Es muy difícil controlar un parque de viviendas tan amplio». AsÍ justificaba esta semana el consejero de Fomento y Vivienda que un piso de la Junta hubiera sido vendido por la persona beneficiaria en alquiler social y finalmente la familia teóricamente propietaria, con un bebé recién nacido, fuera desahuciada el miércoles. El piso en cuestión forma parte de las más de 81.000 viviendas que la Junta de Andalucía destina a familias con pocos recursos. En muchas de ellas, los inquilinos no atienden el alquiler. Es lo que ocurría en la barriada de La Rinconada (Sevilla) donde se produjo el desalojo. Esta problemática afecta en torno al 10% del total, lo que propició que la Consejería de Fomento y Vivienda iniciara en noviembre de 2013 una experiencia piloto para compensar con trabajos en la comunidad de vecinos sus deudas. El programa de alquiler compensado se ciñó a tres barrios con un alto porcentaje de deudores: Las Palmeras (Córdoba), Almanjáyar (Granada) y la Arboleda (Los Palacios, Sevilla). Andalucía cuenta con un parque público de 81.000 inquilinos con problemas para pagar el alquiler social –que oscila entre 60 y 300 euros– y podrían acogerse al sistema compensatorio de trabajos para los vecinos. La medida, sin embargo, no ha avanzado y sigue sin extenderse más allá de esos proyectos piloto.

El proyecto se enmarcó en la Ley de Función Social de la Vivienda y no es el único ámbito que queda por desarrollar. El «estrépito» mediático y judicial lo concentró la expropiación de viviendas a los bancos durante tres años, finalmente anulada por el Tribunal Constitucional. Pero la norma mantiene su desarrollo en el resto de puntos. No existe por tanto obstáculo para el Observatorio Andaluz de la Vivienda o el registro de viviendas vacías, que contempla se activen. La Consejería admite que ambas medidas están paralizadas porque «necesitan tiempo». Han pasado más de dos años desde que el decreto-ley –que incluía también estas novedades– fuera aprobado; la ley salió adelante en octubre de 2013.

Iniciada una nueva legislatura, el Gobierno andaluz sorprendió en su primer Consejo presentando el anteproyecto de la Ley de retracto en desahucio de viviendas. El «hito» de esta modificación legal se resume en que la Junta tendrá derecho preferente para comprar un inmueble tras la ejecución hipotecaria. «No entendemos cómo con dinero público se vuelve a refinanciar a los bancos», critican desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). «Tienen un ‘stock’ de viviendas improductivas que ni venden ni alquilan, es un problema para ellos que la Junta viene a resolverles», opina Francisco Domínguez, portavoz del área de Marginación de APDHA. Temen además que esta medida, que aún debe ser sometida a todos los trámites antes de ser aprobada, actúe como un «efecto llamada» para las entidades y aumenten sus reticencias a aceptar una dación en pago, donde el beneficio sería menor. «Para ellos el negocio es redondo: venden la casa y los propietarios tienen que seguir pagando no solo la deuda, si no también el alquiler social –lamenta–. No quiero pensar que se han puesto de acuerdo la banca y la Administración, pero entran dudas».

Desde APDHA insisten en que las iniciativas adoptadas por la Junta no atajan el grave problema de falta de vivienda que puso de relieve como caso más mediático la «corrala Utopía». «En marzo de 2013 les presentamos un documento donde justificábamos que se decretase el estado de emergencia habitacional. Hay que salir a ayudar a la población y lo primero es saber de qué medios se disponen y cuál es la situación», recalca.

Las últimas cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2011, situaban en 637.000 las viviendas vacías en la comunidad, aunque extraoficialmente se baraja que podrían alcanzar el millón. La celeridad legisladora del nuevo Gobierno, al que la presidenta, Susana Díaz, está empeñada en revestir del cariz social que representaba IU en la anterior legislatura, contrasta con la lentitud de las medidas directas de ayuda a las familias. Ocurrió con la Ley de Renta Básica, cuyo grupo de trabajo parlamentario se disolvió sin tiempo para presentar un anteproyecto, y está sucediendo también con las ayudas al alquiler tramitadas «de urgencia» en noviembre pasado y que siguen estancadas en un maremágnum burocrático. Se trata de las ayudas a personas en emergencia social por desahucio o ejecución de su vivienda. Un mes antes, se convocó otra línea de subvenciones dotada con 4,3 millones para familias con pocos recursos económicos que viven en el parque público de vivienda y que tienen dificultades para pagar el alquiler, del que contemplaba asumir hasta el 75%.