APIA acusa a De la Calle de mentir por los horarios

Un director general de Educación asevera ahora que Andalucía es autónoma en cuanto a su regulación para el profesorado de Secundaria

El caos generado en relación a los horarios del profesorado de Secundaria ha acabado en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero es que el embrollo crece. Si la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, aseveró en el Parlamento que la modificación exprés de la Orden regional que los regulaba el pasado septiembre, iniciado ya incluso el curso escolar, derivaba de «la necesidad de adecuar» esa normativa específica a «la básica existente»; ahora el director general de Ordenación Educativa, Abelardo de la Rosa, pone en duda el agarre de ese argumento.

En un escrito fechado el 17 de noviembre y remitido a la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), al que ha tenido acceso LA RAZÓN, De la Rosa manifiesta que en la comunidad «no resulta de aplicación la Orden de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria» aprobaba por el Ministerio del ramo. En otras palabras extraídas del texto del director general, «Andalucía dispone de normativa propia en la materia». Tras conocer el contenido del documento, para el presidente de APIA, Manuel Fernández, «queda patente» el «contraste» entre «el personal técnico de la consejería y la actitud» de De la Calle, «quien no se ha dignado aún en responder a las reiteradas peticiones de reunión» que le han transmitido. «Ni siquiera –puntualiza– para decirnos que no quiere hablar con nosotros, como empezamos a sospechar», desliza Fernández. A su juicio, la respuesta de De la Rosa plantea la paradoja de que, lejos de despejar las dudas que tenía la organización sindical, provoca nuevos interrogantes «sobre los oscuros motivos por los que la consejería faltó a la verdad en sede parlamentaria para justificar su allanamiento ante el TSJA», afirma en referencia a una demanda planteada por otro sindicato que exigía la fijación de un máximo de 25 horas de permanencia regular del profesorado en los centros, en cumplimiento de la normativa básica de ámbito estatal.

Para APIA, si los servicios jurídicos de la Junta consideran, en línea con lo que expone el director general, que la Orden de 29 de junio de 1994 no es tal, «las reiteradas afirmaciones de De la Calle y otros cargos institucionales sosteniendo lo contrario, no hacen sino abonar la sospecha de que tan apresurada iniciativa legislativa, lejos de buscar una mejora real de las condiciones laborales de los profesores, podría constituir un gesto demagógico y propagandístico sin precedentes». En este punto, la asociación no descarta dar traslado del escrito rubricado por De la Rosa a la Fiscalía que ya investiga el asunto, como consecuencia de una denuncia suya, por cuanto «constituye una prueba más de la actitud deliberadamente arbitraria de la consejera en lo que respecta a la apresurada modificación de la Orden de 20 de agosto de 2010 llevada a cabo en septiembre».