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La Junta inspeccionó solo 12 de sus empresas para evitar sobresueldos

La Consejería de Hacienda detectó pagos excesivos a directivos en «algunas» durante 2014, pero no ha actuado sobre las 84 restantes

  • La Inspección General de Servicios depende de la consejera de Hacienda
    La Inspección General de Servicios depende de la consejera de Hacienda
Marta M. Reca.  Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

06 de agosto de 2017. 20:35h

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Marta M. Reca.  Sevilla. 7/8/2017

Empresas de la Junta con directivos sin contrato y cobrando más de lo legal. Eso ocurría en 2014, según reveló la Inspección General de Servicios (IGS) y ya informó LA RAZÓN en julio. Pero la reciente publicación del Informe correspondiente a los años 2015 y 2016 confirma que esas prácticas se repetían en más entidades del sector público. En principio, la Consejería de Hacienda y Administración Pública –de la que depende la IGS– dirigió sus inspecciones a seis entes para comprobar si los sueldos y complementos en los puestos de dirección se ajustaban a la legalidad. No ha sido hasta ahora cuando se han publicado los resultados de otras seis empresas del sector público analizadas, respecto a su gestión en el segundo semestre de ese año. En el anexo incluido junto a los informes de 2015 y 2016 se confirma que de nuevo produjeron irregularidades en los cobros de los directivos. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA); el Parque Tecnológico de Málaga (PTA); el Consorcio de Formación de Mijas; la Escuela Andaluza de Salud Pública; la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA); y la empresa pública para la gestión del Turismo y el Deporte fueron las elegidas. El informe detalla que hubo 32 contratos de alta dirección y 166 de personal directivo o intermedio –198 en total–, pero apenas facilita datos sobre los incumplimientos detectados. Como en el anterior informe anual –correspondiente a 2013 y 2014–, la Consejería recurre a términos vagos como «algunos» para no ofrecer información concreta sobre la «barra libre» que parece imperar en determinados entes públicos. «En la gran mayoría de centros se comprueba una correcta aplicación de las normas, si bien en algunos casos se realizó una interpretación por parte de los centros que, al ser analizada por esta actuación inspectora, se consideró que debía de ser matizada o corregida para su mejor adaptación a las normas». Un circunloquio para decir, en definitiva, que incumplen la Ley.

El informe prosigue señalando que «de acuerdo con la documentación recibida, en aquellos supuestos en los que el criterio jurídico de la inspección señaló la necesidad de una mejor adaptación respecto a los distintos conceptos retributivos, las entidades afectadas, en general, notificaron las medidas y gestiones en orden a regularizar tal situación». Otras, ignoraron las recomendaciones de la inspección. Al respecto, señala que «en donde, puntualmente, no quedó suficientemente acreditada la aplicación de las medidas se determinaron criterios de seguimiento en orden a instar el cumplimiento del objetivo de la actuación inspectora y la formalización de los criterios jurídicos al respecto». Es decir, que después de advertirles de que estaban cometiendo irregularidades, las empresas continuaron actuando de forma ilegal.

Las conclusiones afectan a 12 entes –los únicos sometidos a escrutinio, en dos tandas, una en cada semestre de 2014–, pero el sector público cuenta con casi un centenar, 96 según los datos actualizados a junio tras la reestructuración a la que obligó el Gobierno de España. En el primer semestre se había analizado la gestión de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, la Agencia Andaluza de Energía, el Parque Tecnológico y Aeronáutico, la Agencia Pública de Puertos, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y Cetursa Sierra Nevada. No obstante, en la información hecha pública, no se señala a ninguna de ellas y simplemente se destacan los incumplimientos en «algunas».En el Plan de la IGS de 2016, sin embargo, no figura en ningún punto que vaya a ampliarse la investigación al resto de entidades, pese al índice de incumplimiento.

Las retribuciones a directivos deben ajustarse a los límites establecidos en la Ley de Presupuestos de 2013, como señala en su introducción la propia Inspección General. «Teniendo en cuenta el presupuesto anual de cada entidad y su plantilla media, de acuerdo con la normativa vigente, está determinada la cuantía máxima de las retribuciones del personal con contrato de alta dirección y del personal directivo de cada entidad», indica la Inspección. A todas les recuerda además la necesidad de cumplir con el trámite de «solicitar un informe previo, preceptivo y favorable a la Consejería de Hacienda para poder realizar modificaciones en las condiciones retributivas de este personal». Simplemente lo incluye en el último párrafo, sin especificar cuáles han cumplido y cuáles se saltan la normativa.

Los entes instrumentales sí cumplen en otros aspectos, como la aplicación del nuevo régimen de indemnizaciones por razón de servicio y la autorización para la contratación de personal. Los seis inspeccionados –Soprea, la Agencia Pública Sanitaria del Bajo Guadalquivir, el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico e Infraestructuras Turísticas de Andalucía– se comprobó que se ajustaron a esos pagos. «Todas las entidades instrumentales conocen igualmente la normativa aplicable en materia de contratación de personal y sus prórrogas, habiéndose aplicado íntegramente en todos los casos», destaca. No obstante, recomienda que se incluyan certificaciones de haber realizado los servicios por parte de cada trabajador.

En otros apartados se ofrece una información más completa, como la relativa al absentismo laboral, que creció un 0,5 en esos años, hasta el 5,67% de 2016 –el personal laboral es el que más falta, un 6,92% frente al 4,56% de los funcionarios–. En la parte de incumplimientos, llama la atención el estudio de la actividad de los órganos reguladores adscritos a las consejerías. La conclusión es que la mayoría «celebran al menos el 50% de las sesiones previstas en su normativa reguladora». No concreta cuáles cumplen ni el porcentaje que supone esa «mayoría».

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