C’s antepone su pacto con el PSOE a su ideario e impide debatir sobre impuestos

Ciudadanos es una prolongación del PSOE en la Mesa del Parlamento. Los dos partidos suman así cuatro miembros, incluido el presidente de la Cámara, frente a los tres de la oposición. Forman un tándem que impide al resto de los grupos que sus iniciativas sean calificadas positivamente, paso previo para que se puedan debatirse y votarse en un Pleno del Parlamento. Esto es precisamente lo que buscan: que aquellas proposiciones de ley incómodas para la Junta no lleguen a sustanciarse y acaben en una especie de «limbo» jurídico. A Ciudadanos no le importa incluso que algunas de estas propuestas vayan en la misma línea que su ideario político y antepone su pacto con el PSOE, que los hechos demuestran que va más allá de un apoyo puntual para la investidura de Susana Díaz.

La abstención ayer de Ciudadanos y el voto en contra del PSOE fue suficiente para que el Parlamento no pueda debatir sobre la bajada de la presión fiscal y la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones propuesta por el PP y la ley de cuentas abiertas de la Junta impulsada por Podemos. Lo más sorprendente es que Ciudadanos le hace el juego al PSOE, que esgrime que ambas proposiciones de ley cuentan con el rechazo del Gobierno andaluz por alterar el estado de gastos y de ingresos que aprobó el presupuesto de la comunidad. Juan Marín asume la tesis del presidente de la Cámara, el socialista Juan Pablo Durán y dice que esperará un informe jurídico para sustanciar su postura. Mientras tanto, la formación naranja se alía con el PSOE e impide que se debatan ambas propuestas.

Existen numerosos precedentes en los que se han debatido proposiciones de ley en el Parlamento. Algunas de ellas precisamente sobre rebajas fiscales a iniciativa del PP. El problema es que el PSOE no tiene ahora mayoría absoluta en el Parlamento y prefiere que no lleguen ni a votarse.

Ciudadanos tendría muy difícil oponerse a una proposición de ley que aboga por suprimir el impuesto de Sucesiones y Donaciones en el 99 por ciento de los casos. Esa es la iniciativa sustanciada por el PP y que tiene muchos puntos en común con las propuestas económicas presentadas por Albert Rivera y Luis Garicano, el «gurú» económico del partido. El documento de propuestas económicas de la formación naranja propone «una armonización fiscal para que en ninguna región española la clase media tenga que pagar impuestos de Sucesiones». Y abunda en que «estableceremos un único mínimo exento para toda España cuya cuantía posibilite que las herencias inferiores a 1 millón de euros por hijo no tengan que tributar».

En Andalucía se produjeron 5.977 renuncias a herencias en 2014 por no poder liquidar los impuestos que generan. Es de las comunidad donde más se paga, junto a Asturias. Solo están exentos de tributar las herencias inferiores a 175.000 euros, cantidad muy alejada del millón de euros que presentó Rivera. Como explicó el diputado popular José Antonio Miranda en comisión parlamentaria, «si dos hermanos, en Andalucía heredan de sus padres 175.000 euros, y 176.000 otro, el primero no paga nada, y el segundo, por 1.000 euros más que ha heredado, paga a Hacienda 26.000 euros».

La actitud de Ciudadanos suscitó el rechazo de PP, Podemos e IU. El portavoz del PP-A, Carlos Rojas, acusó a PSOE y C’s de «amordazar» al Parlamento.

Por su parte, el diputado Juan Ignacio Moreno Yagüe advirtió que con esta postura de PSOE-A y C’s «si el Gobierno no da el visto bueno, este Parlamento no existe como tal» y que interpretan la Constitución «de manera contraria a como se hace en todos los legislativos del mundo».

Desde IU, Antonio Maíllo lamentó que PSOE y C’s «bloquean las iniciativas de la oposición».

La comisión, en una semana

La Mesa del Parlamento fijará la próxima semana la fecha para la constitución de la comisión de investigación sobre el presunto fraude de los fondos de formación y el número de miembros de los grupos parlamentarios. La intención es que cada grupo parlamentario cuente con dos o tres miembros –y uno o dos suplentes– y que el voto sea ponderado en función de la representación en la Cámara.