Política

C’s vuelve a dejar en el aire su apoyo a un segundo borrador de ley

Tras pactar con Díaz un aumento presupuestario en 2017, ve «precipitado» fijar una posición.

Juan Marin, de Ciudadanos
Juan Marin, de Ciudadanoslarazon

Tras pactar con Díaz un aumento presupuestario en 2017, ve «precipitado» fijar una posición.

En diciembre de 2015, no hace ni un año, Ciudadanos mostraba su apoyo al proyecto de ley elaborado por la Plataforma de Atención Temprana. Su portavoz, Juan Marín, admitía como «positivo» que el servicio público a los menores de cero a seis años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos se tramitase como un «proyecto de ley con el objeto de que quede incorporado ya como una obligación presupuestaria anual para garantizar un servicio de calidad» a los casi 20.000 niños andaluces que lo necesitan. Pero en el Pleno del Parlamento que debía aprobarse, el pasado 24 de febrero, la formación naranja vetó la propuesta, que contaba con el respaldo de Podemos, PP e IU, tras una reunión de «tres horas en San Telmo» con la presidenta, de la que salió un aumento presupuestario en la materia de 11 a 33 millones en la legislatura.

Aquello fue considerado una «traición» y desde entonces, la plataforma de padres y madres fijó la lupa en el grueso de mejoras prometidas por el Ejecutivo andaluz para septiembre. Pasado el plazo sin que el colectivo apreciase las bondades del nuevo acuerdo marco, su portavoz, Antonio Guerrero, retomó la idea de regular la atención por ley. El apoyo de C’s sigue siendo fundamental para que se haga realidad. Sin embargo, el partido de Albert Rivera vuelve a dejar en el aire su imprescindible respaldo para la aprobación parlamentaria después de participar en varias mesas de trabajo con el resto de formación políticas.

Como en aquella primera ocasión, Ciudadanos valora ahora el pacto sellado con el PSOE para los Presupuestos de 2017. Entre sus logros para el próximo ejercicio se encuentra aumentar la partida total a los menores con trastornos a una cantidad superior a 25 millones de euros. Del aumento de 4 millones fijado en la negociación de febrero se pasan a 11 millones en la actualidad.

¿Supone esto aparcar el borrador de ley con el que ya trabajan los cuatro grupos de la oposición? Fuentes de C’s consultadas por LA RAZÓN indican que «no», de hecho afirman que «en ningún momento se ha descartado». La formación naranja insiste en que lo «verdaderamente importante es que haya financiación y en ese sentido hay que recordar que el decreto preveía 4 millones más para 2017 y gracias a C’s será casi el triple». La representante de C’s en la mesa de trabajo de la ley es Marta Bosquet. «Si vemos que esto no es suficiente, impulsaremos y participaremos en una ley de consenso entre todos», indica un portavoz del grupo.

Las familias, en cambio, tienen otra opinión. No es sólo importante el dinero sino la gestión. Y el modelo actual no satisface a nadie. Se están reduciendo sesiones a los menores, se recurre con frecuencia a las sesiones grupales, se dan altas injustificadas y aumentan los casos que acaban en la Fiscalía de Menores. Todo esto, sin entrar en detalle de las promesas no cumplidas ni en las irregularidades detectadas en la implantación de las nuevas unidades de derivación. Cuestiones, en definitiva, que llevan a Guerrero a afirmar que «si es el precio del no a la ley, no queremos esos seis millones más».

C’s no disipa las dudas respecto a esta cuestión tan concreta, pues sus miembros saben perfectamente que el cronograma fijado por la mesa de trabajo de la ley implica presentar el borrador el próximo mes. «No descartamos la ley si es necesaria y por eso estamos en la mesa. Pueden convivir ambas cosas. ¿Para noviembre? Dependerá del contenido y del acuerdo al que lleguemos todos, si es que se da ese escenario. Ahora mismo sería muy precipitado decir que sí a todo o no a todo», concluyen.