martes, 22 agosto 2017
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Andalucía

«Cáritas no es un centro de reparto»

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1,4 millones de parados, una tasa de paro del 36,87%, 144.100 más desempleados que hace un año... No hace falta recordar los dramáticos datos andaluces. Tampoco supone una novedad confirmar que la pobreza haya aumentado un 16% entre 2008 y 2011, el doble de la media española, según el informe «Desarrollo humano y pobreza en España», elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Lo que sorprende es que con este escenario el Gobierno andaluz redujera en 2012 en un 90% los fondos públicos destinados a Cáritas, anuncie ahora, sin contar con las instituciones de caridad, que destina 120 millones de euros a la exclusión social y que en su ejecución los ayuntamientos se vean obligados ya a recurrir precisamente a las diócesis de Cáritas. «Un contrasentido», afirmó Anselmo Ruiz, presidente de Cáritas Andalucía.

Mientras la Unión Europea y la Administración central aumentaron en un 63% y un 48%, respectivamente, sus ayudas a los programas de empleo de Cáritas, la Junta de Andalucía suprimió casi un millón de euros de su partida presupuestaria y las administraciones locales aportaron sólo un 20% de lo facilitado en 2011. Los fondos públicos gestionados se reparten así: 1.2 millones de la UE; 743.784 euros del Estado, 110.983 euros del Gobierno andaluz y 27.223 euros de los ayuntamientos. El 47% restante del presupuesto procede de fondos propios (46%) y privados (1%) hasta los 4 millones de euros. Paralelamente se redujeron los recursos humanos, pasando de 193 a 175 voluntarios y de 83 personas contratadas a 69 en este mismo periodo.

El pasado 6 de mayo, Anselmo Ruiz transmitió a la consejera de Presidencia e Igualdad y Bienestar Social, Susana Díaz, que «se están perdiendo cientos de puestos de trabajo por los recortes» que se están produciendo en el sector: atención a desfavorecidos, residencias de ancianos... «Nos parece bien el decreto de exclusión social y que se cree trabajo, cómo vamos a decir lo contrario, pero por otra parte se está destruyendo empleo estable y se limitan los recursos sociales. No siempre deben pagar los mismos los recortes, los más débiles», explica Ruiz, que lamenta que los atrasos en dependencia, con «pagos a cuatro o cinco meses», que antes se cubrían con las pólizas de banco, están provocando el cierre de algunas residencias y que los «recortes de personal» en otras repercutan «en lo más importante, la atención a las personas».

«Estamos decepcionados –continuó– porque la Junta ha elaborado un plan contra la pobreza y ni siquiera han escuchado a instituciones que llevamos muchos años trabajando en el sector. Y lo que pedimos es que no recorten y paguen para que se puedan mantener esas instituciones».

El director de Cáritas Diocesana de Jerez, Francisco Domouso, agregó que «a nosotros no van destinados los recursos» del decreto sino a los ayuntamientos y algunos «ya se están poniendo en contacto con nosotros para pedir ayuda, algo que tenemos que sopesar, porque no es justo». «Cáritas no es un centro de reparto. No estamos para abrir la puerta y dar una bolsa sin mirar a la cara», añadió Ruiz. En una semana han sido tres los consistorios de la sierra jerezana los que han contactado con la diócesis porque «no saben qué hacer, es lo que tiene la improvisación». «Estamos creando cosas que existen, o perfeccionamos o cambiamos, pero no podemos crear otro organismo paralelo, como sucede con el Banco Andaluz de Alimentos», añaden.

Por otro lado, los fondos propios de las diócesis –más de 1.100 repartidas por toda la comunidad– para los programas de empleo se están viendo mermados por la necesidad de cubrir «urgencias» diarias. En 2011 esa cifra superó los 32 millones de euros. Por eso, y por las necesidades detectadas, Cáritas está apostando por una formación «más duradera». Cáritas Andalucía concluyó recordando que «la renta básica cambiaría la vida de muchas familias». Una promesa incumplida más.

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