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Casi un año para cumplir una sentencia del Tribunal Supremo

La Consejería de Educación por fin convoca a los sindicatos para explicar cómo aplicará el reconocimiento de los sexenios al profesorado de Religión de enseñanza Secundaria

  • La titular de Educación, Sonia Gaya, en una reciente comparecencia
    La titular de Educación, Sonia Gaya, en una reciente comparecencia
P. García.  Sevilla.

Tiempo de lectura 4 min.

14 de noviembre de 2017. 20:47h

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P. García.  Sevilla. 15/11/2017

Los 700 profesores de Religión que imparten clase en los centros de educación Secundaria dependientes de la Junta de Andalucía aún no saben cuándo percibirán en sus nóminas los sexenios, pese a que hace casi un año el Tribunal Supremo reconoció el derecho adquirido por estos docentes. La Consejería de Educación, once meses después, por fin ha convocado a los sindicatos para tratar cómo ejecutará la sentencia, que ya avanzó este diario en enero de 2017.

«La consejería parece que accede a lo que debería haber sido normal hace años, es decir, establecer un procedimiento administrativo para el reconocimiento de los sexenios al profesorado de Religión en las mismas condiciones que el resto del personal docente», explicaron fuentes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF-A), que interpuso en octubre de 2014 una demanda por conflicto colectivo ante la «reiterada negativa» de la Administración a reconocer los derechos a un colectivo sobre el que tiene competencias, al habérselas transferido el Estado a las comunidades, a diferencia de lo que ocurre con los maestros de Religión en Primaria. Esa denuncia, a la que luego se sumaron UGT, CC OO, ANPE, Apprece y USO, fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en febrero de 2015, pero CSIF recurrió en casación al Tribunal Supremo (TS) y éste revocó la sentencia del alto tribunal autonómico de forma contraria a los intereses del Ejecutivo regional.

Falta de voluntad

A esta decisión sucedieron «decenas de sentencias favorables al profesorado» gestionadas por CSIF. «Hemos insistido, tanto antes de poner la demanda de conflicto colectivo como tras conocerse la sentencia, en la necesidad de convocar esta reunión cuanto antes y normalizar la situación, pero la falta de voluntad de la consejería ha quedado manifiesta en todo momento, y este retraso de casi un año no hace más que volver a demostrar que si no hubiera sido por nuestra lucha en los tribunales, la Junta de Andalucía nunca hubiera accedido al reconocimiento de oficio del complemento de formación permanente al profesorado de Religión», lamentan desde el sindicato.

Igual que los interinos

La Sala de lo Social del TS recuerdaba en su fallo que el Tribunal Constitucional ya dejó claro que la retribución de los afectados por la decisión del Gobierno andaluz «no puede ser inferior a la establecida para el profesorado interino» y que éste sí cobra los pluses salariales objeto del proceso. Desde ese punto de partida, el Supremo declara «el derecho» de los docentes de Religión de Secundaria andaluces al «devengo y a la retribución del complemento específico para la formación permanente (sexenios) en las condiciones y cuantía que le corresponda a los funcionarios interinos docentes de la Junta». Estas cantidades serán de 69,10 euros; 80,33; 103,13; 131,01 y 51,16 al mes, a sumarse dependiendo de si se cumplen unos requisitos reglados para el reconocimiento de uno, dos, tres, cuatro o cinco sexenios. «Sería impresentable que tras este fallo, la consejería pusiera impedimentos para dificultar el reconocimiento de este derecho», sostuvieron desde CSIF al conocer la sentencia. Este sindicato ya logró también en los tribunales que el Ministerio de Educación haya empezado a pagar los sexenios a los profesores de Religión de Primaria, aún no transferidos.

Los ataques de la Junta a la asignatura de Religión, por una razón estrictamente ideológica, se han sucedido en los últimos tiempos.

Cambios en una estructura con déficit

El Consejo de Gobierno aprobó ayer la modificación de la estructura orgánica de la Consejería de Educación para «reordenar las competencias de formación del profesorado y de coordinación con las universidades». Además, se adaptarán las funciones de la Dirección General de Planificación y Centros, para favorecer la escolarización en el primer ciclo de Infantil y se asigna a las delegaciones territoriales las competencias sobre gestión de tasas y precios públicos. Cambios que obedecen a un mal funcionamiento general. Ayer mismo, CSIF criticaba la falta de personal en la delegación de Sevilla y Podemos exigía el cese de la directora general de Profesorado y Recursos Humanos, Antonia Cascales, por vulnerar el derecho a la Educación, debido a una «nefasta» planificación de los recursos docentes.

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