Contratos a dedo y trabajadores fantasma en una empresa pública

La Cámara de Cuentas ha detectado una serie de irregularidades, las más importantes sobre contratación de personal, en su informe de fiscalización de la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial S. A (Sogefinpa) relativo al ejercicio 2012.

La Junta creó este ente mercantil con José Antonio Griñán como presidente y Carmen Martínez Aguayo como consejera de Hacienda para gestionar el parque inmobiliario de la Administración, en un momento en el que se exploraban todo tipo de vías para conseguir liquidez ante la asfixia económica de la región. Entre estas fórmulas, se exploró la de «sell and laseback» (venta y posterior arrendamiento) que resultó ser un fracaso. Sogefinpa se creó en febrero de 2010 y hasta diciembre de 2014 la Junta no consiguió colocar por 300 millones a un fondo buitre 70 inmuebles en los que sigue de inquilino.

Sogefinpa se encargó también de la gerencia de Agesa, la sociedad que gestionaba los activos de la Expo del 92 y que cedió el Gobierno a Andalucía como parte del pago en especie por la liquidación de la deuda histórica. Con todo, según el informe de la Cámara de Cuentas, uno de los principales cometidos de Sogefinpa ha sido el de llevar a cabo una encomienda de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para realizar una «asistencia técnica a las delegaciones provinciales de esta Consejería en el ámbito del ejercicio de la tutela financiera sobre las corporaciones locales en la comunidad».

La Consejería de Hacienda justificó la encomienda en la «falta de recursos adecuados». Sin embargo, como anota la Cámara de Cuentas, a la fecha de la resolución de la encomienda «el único personal con el que contaba Sogefinpa era el director-gerente y la directora económica. Sogefinpa contrató a los técnicos necesarios para llevar a cabo la actividad encomendada con posterioridad».

Excepto un contrato, «el resto de la contratación de este personal no se realizó de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad» que establece la Ley de Administración de la Junta de Andalucía. El coste de la plantilla en 2012 ascendía a 540.712 euros al año. Además del grupo de economistas, la estructura se completaba con un director-gerente; un responsable de control interno y evaluación y comunicación; una secretaria de redacción; y un responsable de comunicación. Tampoco en este caso se cumplieron los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y añade además la Cámara de Cuentas la existencia de trabajadores fantasma. «No se ha obtenido evidencia acerca de las funciones realizadas para Sogefinpa por parte de dichos puestos (secretaria de dirección y responsable de comunicación en la Consejería de Hacienda y Administración Pública) ni de su dependencia funcional, por lo que no queda justificado que estos gastos de personal sean necesarios para la realización de su actividad».

La Cámara de Cuentas recomienda a la Junta que establezca limitaciones a estas encomiendas o externalizaciones para que no se conviertan en «un medio exclusivamente dirigido a orillar el régimen de contratación pública».