De medida «urgentísima» a mera declaración de intenciones

En junio de 2015 la presidenta de la Junta, Susana Díaz, firmó con una treintena de instituciones, organizaciones sociales y empresas un ambicioso documento, denominado alianza contra la pobreza infantil, en el que se sentaban las bases de una acción directa para abordar esta lacra, que sigue muy latente en la comunidad autónoma. Entonces, calificó la medida de «urgentísima», pero dos años después las líneas que se trazaron se han desdibujado hasta el punto de convertirse en una mera declaración de intenciones, tal y como señalan algunas de las entidades firmantes.

Los objetivos, según se acordó, pasaban por «identificar y analizar» las situaciones de vulnerabilidad social y riesgo de exclusión que afectan a los menores, dando como resultado un banco de datos «que nos permita reprogramar acciones». Junto a ello, se apuntaba la necesidad de «coordinar esfuerzos para contrarrestar los efectos de la crisis, la exclusión y la pobreza sobre la infancia», además de «eliminar iniciativas de estética benéfica o estigmatizante». También se daban pistas sobre la cobertura de las iniciativas, que giraban en torno a diversos ejes: servicios sociales, educación, salud, vivienda y potencialidades ciudadanas y nuevas formas de gobernanza. Las previsiones eran halagüeñas y el balance por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a día de hoy, positivo, tanto que la responsable del ramo, María José Sánchez Rubio, aseguró recientemente que la alianza está dando respuesta a las necesidades de 145.000 niños.

Pero las ONG, que trabajan sobre el terreno y conocen de primera mano la cruda realidad social, tienen una visión diferente. El delegado de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, advierte de que la iniciativa nació sin presupuesto y sin un objetivo claro de reducción de la pobreza. «Era una acción innovadora porque se integraban agentes de diferentes sectores, como entidades bancarias, ONG y empresas». Tras dos años reconoce que «no podemos estar contentos porque las tasas de pobreza infantil han bajado muy poco».

De hecho, según los datos de la última encuesta de condiciones de vida, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) referida a 2016, la tasa de pobreza relativa en la población infantil andaluza alcanzó el 44,3 por ciento, mientras que la media nacional se situó en el 29,7. Unas cifras que revelan la urgencia social que viven muchas familias, que se traspasa a los menores como colectivo vulnerable. En 2015 el porcentaje fue de un 44,6, por lo que la reducción fue «insignificante», de 0,3 puntos, así que «a este ritmo necesitaríamos más de 30 ó 40 años para tener unas tasas bajas e igualarnos con Europa», denuncia Cuenca. Este balance confirma la tesis de que la alianza, como plan de choque previsto inicialmente, «no ha tenido un efecto rápido».

Pese a todo, Cuenca remarca que ha permitido establecer contactos con empresas y entidades que pueden desembocar en acciones concretas, en consonancia con el espíritu del acuerdo. «En Andalucía todavía falta mucha responsabilidad social corporativa en las empresas», subraya, por lo que el diálogo entre diferentes agentes «nos puede permitir buscar fondos para llegar a más familias y proyectos, bajo el liderazgo de la Junta».

En cuanto al trabajo de los grupos que se crearon, «unos avanzaron más y otros menos». Una dificultad añadida es que los equipos eran «muy técnicos», así que algunos agentes empresariales, que no conocen a fondo la problemática, «se perdían y había que definir estrategias y objetivos». En otro plano están varias iniciativas que está llevando a cabo la Consejería para abordar las necesidades de los menores, como el segundo Plan de Infancia, aprobado hace un año en Consejo de Gobierno, o el proyecto de Ley de Infancia, en trámite parlamentario. «La Junta entiende que la alianza está dentro del plan y luego está la ley, que tendrá su desarrollo normativo, así que no sabemos qué futuro tendrá la alianza», sostiene Cuenca.

Unicef, por su parte, pone el acento en la tasa Arope, que contempla la pobreza relativa, la carencia material severa y la baja intensidad de trabajo. Aquí Andalucía obtiene registros peores, elevándose al 46,9 por ciento el riesgo de pobreza o exclusión social de los menores, reduciéndose la cifra algo más de un punto respecto al año anterior. Según Maribel Martínez, coordinadora de Unicef-Comité Andalucía, los datos son «alarmantes», puesto que casi 760.000 niños se encuentran en una situación de precariedad. Sobre la alianza, sostiene que es una iniciativa «agonizante», con «unos ritmos muy lentos y sin calendario, medidas concretas ni dotación económica».

«El sistema de protección está fallando»

El caso del bebé de seis meses fallecido recientemente en Sevilla, maltratado por sus padres, ha vuelto a encender las alarmas en torno a un colectivo especialmente vulnerable como son los niños. El delegado de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, lamenta que es un caso «desgraciado» que demuestra que «el sistema de protección está fallando, incluyendo la prevención y la detección». No obstante, puntualiza que hay que diferenciar las situaciones de pobreza y exclusión social y la violencia contra la infancia, puesto que «corremos el riesgo de estigmatizar a las familias que están sufriendo necesidades». Cuenca pone el dedo en la llaga: «Vemos que los servicios sociales están sufriendo recortes, lo notamos en los programas y en los proyectos», así que estas iniciativas no llegan al fondo de los problemas. Esta muerte «también debería hacer reflexionar a la Administración», puesto que el bebé no acudía a las consultas pediátricas.