Díaz intenta reinventarse con recetas «sello PSOE-A» como un salario social

Anuncia la firma de un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones que supondrá una inyección de 217,5 millones de euros, pero la oposición no le compra la «operación blanqueo» y le exige un cambio de rumbo del Gobierno

Pesa sobre ella la incógnita del rumbo que fijará ahora. La respuesta a una pregunta: ¿podrá ser otra distinta de aquélla a la que la oposición acusa de haber dejado al margen Andalucía para intentar liderar su partido por ambición personal? Con esa losa afrontó ayer la presidenta de la Junta, Susana Díaz, la comparecencia, a petición propia y de los cinco grupos parlamentarios, que ocupó la tarde de ayer en la Cámara autonómica para hacer una radiografía de la situación política en la comunidad. Todos los portavoces de la oposición le exigieron un giro, pero que no suene a canción de verano del tipo «despacito, todo despacito», en palabras de Antonio Maíllo (IULV-CA). «No ha vuelto a Andalucía, la han devuelto», le espetó Teresa Rodríguez (Podemos) o «está en Andalucía porque ha perdido y yo para que no siga perdiendo», le lanzó Juanma Moreno (PP-A), para añadir que sus meses de ausencia de la escena regional no han sido una «anécdota», sino una «traición» a los andaluces.

Con todo, Díaz intentó pinchar la burbuja del desencanto con un discurso sin capas que incluyó una batería de protestas como que el Ejecutivo andaluz liderará una iniciativa en el Parlamento para que la comunidad «explore su salida a los mercados financieros» y librarse del «corsé» al que «le tiene sometido» el Gobierno central que comanda Mariano Rajoy, quien fue el destinatario de una manada de minutos de la intervención de la presidenta. Llegó a afirmar que «su proyecto es sobrevivir» y lo acusó de haber convertido los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en una «subasta», a lo que algunos de sus interlocutores le afearon que «lo apoyó» ella, con la abstención del PSOE para que gobernara. Al margen de Rajoy, al que avisó de que no dejará que trate a los andaluces como «ciudadanos de segunda», anunció la que se convirtió en su propuesta «estrella»: la firma de un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por el que la región recibirá 217,5 millones, «a unas condiciones ventajosas», según garantizó, que permitirán reactivar infraestructuras paralizadas como la autovía de Almanzora o varios tranvías. Es un préstamo a devolver, pero Díaz sacó pecho por él, como lo hizo por los datos del paro, que bajará en 2017 más de lo previsto, ya que se trata de «la primera operación» que la entidad europea suscribe con una comunidad desde que existe el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo que para la socialista significa el reconocimiento a la «solvencia financiera de la Junta». Sin abandonar ese ámbito, planteó además la creación de un grupo de trabajo en la Cámara andaluza para alcanzar «una posición única» en el debate sobre la financiación territorial, al que pueden sumarse «expertos y representantes de la sociedad civil andaluza». La región necesita, afirmó varias veces en el plenario, una «financiación justa y adecuada». Y hubo alguna otra novedad, en línea con las recetas de gobiernos socialistas anteriores, junto a la universidad gratis: la Junta se propone ahora constituir una renta mínima de inserción social, «como prestación garantizada del Sistema Público de Servicios Sociales», modificando «el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, que creó el ingreso mínimo de solidaridad». Y ello pese a que, como informó este periódico, es un Ejecutivo de Díaz, en concreto el que gobernaba en 2014, el que ostenta el récord en negativo de pagos de ese ingreso desde 2008. Aunque eso es pasado, maleable, y de cara al futuro, la presidenta detalló que los beneficiarios de la nueva renta serán «familias que dispongan de unos recursos mensuales inferiores a 415,35 euros, si es una sola persona», y recibirán, por un periodo máximo de «doce meses», una «prestación económica mensual del 78% del Iprem, incrementada en un 10% por cada integrante de la unidad familiar» distinto al solicitante, «hasta un máximo equivalente del 125% de dicho Iprem». Además se discriminará «positivamente» a las familias con menores de edad a su cargo y a las mujeres víctimas de violencia de género.

Díaz jugó a resituarse, pero volvió a proclamar como en debates anteriores planes de empleo –en esta ocasión un decreto de 200 millones para el fomento del trabajo industrial que, dijo, estará operativo en septiembre–, e infraestructuras sanitarias que en algún caso, en concreto el del hospital de La Línea (Cádiz), era la «tercera vez» que lo avanzaba, como le recordó Maíllo. Recurrió también a la ampliación de la plantilla docente, que superará «los 100.000 maestros y profesores» en 2019. Pero no contentó a casi nadie. Hasta su socio de gobierno, el presidente y portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, le echó en cara que no se hubiese referido de entrada a la reforma de la Ley Electoral de Andalucía, la supresión de los aforamientos o la modificación del impuesto de sucesiones, tres de los caballos de batalla de su formación en esta legislatura; o a una Ley de la Formación Profesional, que «esté realmente adaptada» a lo que «el mercado están demandando», para que «la gente joven no tenga que emigrar». Marín pidió a la socialista que deje los «atrincheramientos ideológicos» y le hizo ver que Cs ofrece estabilidad al Gobierno andaluz, pero «no es gratis» ni supone un «cheque en blanco». La presidenta arrancó sus palabras reconociendo que en su acción y la de su equipo hay «margen importante de mejora». Tras el debate de ayer, en el que la oposición no le compró su reinvención, su «operación blanqueo», parece claro: necesita mejorar.