Díaz pasa de vender estabilidad a cuestionar el futuro si no llegan más fondos

Advierte de «graves consecuencias» pese a que mañana el Parlamento aprobará el Presupuesto de 2018

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, compareció ayer tras el Consejo de Gobierno para exigir otra vez un nuevo modelo de financiación autonómico. En esta ocasión, elevó el tono contra el Gobierno advirtiendo de que si no se aprueba de manera inminente, habrá «consecuencias muy graves» para los ciudadanos, ya que este déficit de fondos tiene un impacto «brutal» sobre los servicios públicos. La amenaza de Díaz llega cuando en unas horas se aprobarán las cuentas autonómicas para 2018 y que, según su discurso de los últimos meses, garantizan la «estabilidad» y la prestación de esos mismos servicios públicos en la comunidad autónoma.

El Parlamento de Andalucía aprobará mañana el Presupuesto de la Junta para 2018. Según ha defendido el Gobierno andaluz durante la tramitación parlamentaria, las cuentas públicas, de carácter expansivo, permitirán que Andalucía alcance el próximo ejercicio el mayor Producto Interior Bruto (PIB) de su historia –en torno a los 166.000 millones de euros– y «blindará» el Estado de Bienestar con incrementos en Educación (+3,8%) y Servicios Sociales y Dependencia (+7,4%). Por su parte, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contará con el mayor presupuesto de su historia (9.013 millones de euros). Todo ello, además, en un contexto de «estabilidad» institucional y con unas previsiones económicas conservadoras basadas en las entregas a cuenta garantizadas por el Ministerio de Hacienda.

El discurso de Díaz de ayer no se corresponde con lo mantenido por el Ejecutivo autonómico desde que se retomó el curso político. Es cierto que desde finales de agosto, la presidenta presiona al Gobierno para que reforme el modelo de financiación autonómica en vigor desde 2009. Eso no ha impedido que gracias a la mejora económica, la administración andaluza se haya comprometido el año que viene, entre otras cosas, a recuperar derechos de los empleados públicos arrebatados durante la crisis –como la jornada de 35 horas semanales–, acometer mejoras en las infraestructuras sanitarias o implantar la renta mínima de inserción social.

No es la primera vez que desde la Junta de Andalucía se cuestiona la posibilidad de prestar servicios públicos esenciales como educación o sanidad por culpa de los rigores presupuestarios del Gobierno. Ya lo hizo Griñán en alguna ocasión: en 2012 llegó incluso a amenazar con cerrar colegios y hospitales si Rajoy mantenía el techo de endeudamiento.

En esta ocasión, Díaz culpó al Gobierno de dilatar la reforma por cuestiones electorales. Según su teoría, la intención es que durante 2018 todo se mantenga igual para poder «salir de la situación de déficit excesivo, aprovechándose del superávit de las corporaciones locales y de seguir manteniendo la situación de asfixia de las comunidades autónomas». Ya en 2019, y con las cuentas públicas más saneadas, preparar el terreno para los comicios generales con «medidas electoralistas», como algún «regalito» de carácter fiscal.

En este contexto, Díaz situó la reciente negociación del Gobierno con el País Vasco. A los socialistas andaluces no les ha gustado cómo se ha resuelto este asunto. La presidenta de la Junta no cargó contra el cupo y responsabilizó en exclusiva de la decisión al Gobierno central. Sí hizo una reflexión general sobre el «déficit estructural» que sufre la democracia española. «No se puede permitir que los recursos se redistribuyan, sea la financiación autonómica o las inversiones del Estado a través de los Presupuestos Generales ofreciéndolos a subasta, en función de los intereses o necesidades parlamentarias que tenga el Gobierno de turno».

El PSOE tiene en su mano acabar con esta situación y negociar los presupuestos con el PP, una cuestión que siempre han descartado los socialistas –más aún tras el apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña–.

Sobre la reforma de la Carta Magna también se pronunció Díaz. De hecho, justificó su comparecencia en la cercanía del 4 de diciembre, fecha en la que se cumplirán 40 años del día en el que «Andalucía abrió la puerta a la igualdad en todos los territorios de España». Ahí el discurso de la presidenta de la Junta no tiene fisuras y no ha sufrido variaciones. Hay que garantizar la igualdad de todos los españoles «vivan donde vivan». La reforma de la Constitución es «urgente y necesaria» y cualquier cambio que se acuerde debe pasar por la «irrenunciable igualdad entre todos los ciudadanos y territorios». Díaz, eso sí, no es optimista y culpó al PP y Podemos de no tener «interés ni voluntad política» de reformarla.

Como el debate sobre la Constitución no está maduro, la prioridad pasa por la financiación. Díaz admitió que el PSOE Federal no ha consensuado una postura común porque la iniciativa corresponde al Gobierno central y a las comunidades autónomas. Sí repitió que Pedro Sánchez le había mostrado su apoyo sobre la necesidad de impulsar el nuevo modelo que debe decidir entre otras cosas qué «servicios públicos queremos prestar y en qué condiciones» y garantizar su suficiencia financiera en todos los territorios de España.