Dos exdirectores de Presupuestos niegan la competencia de Alaya en los ERE

Los ex directores generales de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera se han negado hoy a declarar ante la juez Mercedes Alaya porque consideran que no es competente para continuar la instrucción del caso de los ERE fraudulentos.

Ambos están imputados por prevaricación y malversación de caudales públicos y han recordado el escrito de la Fiscalía del 28 de abril de 2014 que pedía a la juez elevar el caso al Supremo por la presencia de aforados, según las actas de la comparecencia de los dos, a las que ha tenido acceso Efe.

Los exdirectores, que han sido citados después de que la Audiencia anulase su primera imputación por la falta de concreción en los hechos de que son acusados, están entre los veinte ex altos cargos de la Junta, junto a la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez, que están imputados por el uso de las transferencias de financiación para pagar las ayudas investigadas.

Tras la comparecencia de ambos, ninguna parte ha solicitado medidas cautelares contra ellos, ha resaltado su abogado, José María Mohedano, quien ha criticado a la juez la "ocultación"de algunas declaraciones relacionadas con el caso, tras lo cual Alaya le llamó al orden porque le acusaba de cometer un delito.

El abogado, tras negar que le acusara de cometer un delito, dijo que se refería a la declaración ante la Guardia Civil del interventor delegado de Empleo, Juan Luque, y al informe que emitió junto a tres interventores de la Junta sobre la legalidad de las transferencias de financiación, y también le recordó que existe un incidente de nulidad de actuaciones pendiente de resolver.

Cuando la juez anuló la primera imputación de Lozano y Aguilera, dejó también en suspenso la fianza civil de 46 millones de euros impuesta al primero de ellos y de un millón al segundo.

Tras la comparecencia de hoy, su abogado considera que si la juez adopta ahora alguna medida cautelar contra ambos cometería "un exceso"así como una "vulneración del derecho a la no indefensión, ya que al no ser formulada ninguna petición no tienen la oportunidad de oponerse a las mismas".

La juez Alaya acusa a Aguilera y Lozano de "oscurantismo e ilegalidad"de las ayudas y afirma que la elaboración presupuestaria en la que ambos participaron originó la "alarmante ilegalidad"de que las subvenciones "no se tramitaban por su procedimiento legal y no se fiscalizaban como tales subvenciones, sino como meras transferencias de financiación".

Añadió que ello "degeneró en una absoluta falta de control sobre los beneficiarios, sobre las cantidades dispuestas y su destino, además de un oscurantismo total para el común de la ciudadanía"pues "no existía publicidad de tales subvenciones, no existían bases reguladoras, y en cambio se producía un incremento año tras año del déficit presupuestario de la Consejería".

Lozano fue director general de Presupuestos entre 2002 y 2009, periodo en el que tramitó doce expedientes de modificación presupuestaria por 57 millones de euros, mientras que su sucesor, Aguilera, tramitó dos expedientes por valor de 20 millones mientras ejerció el cargo entre 2009 y el 2012, según la juez.