Educación deberá readmitir a dos interinas a las que no renovó el contrato

Dos trabajadoras eventuales de la Consejería de Educación tendrán que ser readmitidas –o indemnizadas por despido improcedente– en el mismo puesto que desempeñaban cuando la Junta decidió no renovarles el contrato. Los dos fallos favorables, procedentes de sendos juzgados de lo Social de Córdoba, confirman el derecho de las afectadas a ser reconocidas como «personal indefinido no fijo», según CC OO-A, cuyos servicios jurídicos presentaron la demanda.

Para el sindicato, suponen «un importante avance en la defensa de los derechos laborales del personal temporal de la Junta y vienen a demostrar los abusos que también desde las administraciones públicas se realizan de la temporalidad». En este sentido, la organización sindical acusa al Gobierno andaluz de estar cubriendo con personal eventual puestos estructurales, mientras que la oferta pública de empleo no es suficiente para revertir la situación.

Diego Moreno, secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato, reconoció a LA RAZÓN la importancia de estas dos primeras sentencias en la comunidad. Sin embargo, aclaró, solo afectan al personal laboral, no a los docentes interinos. «Ellos dependen del derecho admnistrativo, no del Estatuto de los trabajadores», puntualizó. CC OO presentó una oleada de demandas cuando la Unión Europea estableció que los interinos que cubren plazas de funcionarios y encadenen contratos temporales deben ser considerados indefinidos no fijos. Esta figura de las plantillas públicas se reconoce en el acuerdo para la mejora del empleo público, suscrito entre el Gobierno y los tres sindicatos mayoritarios en marzo pasado.

CC OO continúa «a la espera de que se resuelvan nuevas demandas» en todas las provincias surgidas de la campaña derivada de la decisión europea. «La iniciamos en dos sentidos: en primer lugar, para que el personal laboral que trabaja en la Administración y se le despide tenga derecho a una indemnización como cualquier trabajador. Y también para reclamar que a quienes llevan años encadenando contratos se les aplique la sentencia de la UE y se les pueda hacer fijos». Moreno admite que con las recientes sentencias «no se genera jurisprudencia aunque parece ser que podemos ganar todo lo que presentemos».

La situación de este sector es similar a la de los profesionales de la sanidad que mantienen contratos temporales –habitualmente durante años– ocupando un puesto de la plantilla considerado estructural. En el caso de la Consejería de Salud, los fallos favorables a los trabajadores han sido sistemáticamente recurridos.

Según las cifras aportadas por CC OO, en los centros públicos de Educación hay 2.700 puestos de trabajo ocupados por personal laboral temporal. A ellos se sumarían otros 416 ocupados por personal indefinido no fijo, «con lo que se eleva a 3.116 el número de puestos con empleo temporal e inestable». «Esto –lamentan– mientras la oferta de empleo público de la Junta correspondiente a este año solo recoge 423 plazas para personal laboral». La Consejería aglutina a la mitad de los laborales de la Junta, unas 12.000 personas, con un empleo muy feminizado (80%).

Una oferta mínima para 12.400 profesores en tres años

Unos 14.000 maestros y profesores trabajan como interinos en colegios e institutos públicos ocupando vacantes el curso completo. Son plazas que no pueden ser cubiertas por la falta de funcionarios. «Hay gente que se jubila después de 35 años como interino», apunta el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Diego Moreno. El abuso de la interinidad en las administraciones públicas, no solo en la Junta de Andalucía, se traduce en que uno de cada cuatro empleados son temporales. Lo que en principio era una herramienta para suplir bajas puntuales se ha convertido en la solución de las administraciones para disponer de personal sin la contraprestación de estabilizar su situación. Con contratos renovados sistemáticamente se han suplido las carencias de los servicios públicos, especialmente en los últimos años, acuciados por la limitación en la reposición de bajas de funcionarios. En el caso de los docentes, ni siquiera pueden reclamar su estabilización arguyendo su antigüedad. Un análisis de las últimas actualizaciones de los trienios realizadas por la Consejería de Educación evidencia que hay cientos de ellos que acumulan al menos tres años al servicio de la Junta. Los cálculos de CC OO para acabar con esta elevada temporalidad y cumplir con el acuerdo estatal para reducirla al 8% de las plantillas cifran en 12.400 las plazas de profesorado que deben convocarse en los próximos tres años; o 16.400 repartidas en cinco años. La estimación parte de las vacantes cubiertas por interinos –alrededor de 14.000– y el número total de docentes de la educación pública no universitaria, más de 98.000. Para cumplir con el porcentaje fijado por sindicatos y Gobierno deberían sacarse al menos 6.400 puestos y sumarles otras dos mil coberturas por jubilaciones por cada año.