El 87 por ciento de los empleados de la Junta seguirá trabajando más

El próximo enero, los casi 32.000 trabajadores de las consejerías y los organismos autónomos de la Junta tendrán media hora menos de trabajo al día.

El próximo enero, los casi 32.000 trabajadores de las consejerías y los organismos autónomos de la Junta tendrán media hora menos de trabajo al día. El resto de empleados públicos autonómicos, más de 205.000 entre los que se cuentan sanitarios, docentes y personal de justicia, mantendrán las mismas condiciones que hasta ahora: 37,5 horas semanales, sin ninguna compensación extra. Así lo estableció el Gobierno central en 2012 y fue asumido por la comunidad, que también suprimió ilegalmente la paga extra de Navidad –cuyo calendario de devolución se extiende hasta 2018, según el acuerdo sellado con los tres sindicatos mayoritarios–.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, lanzó su compromiso en plena campaña de las segundas elecciones generales del 26 de junio. El acuerdo sellado con CSIF, CC OO y UGT le permitió desconvocar la protesta que iba a celebrarse unos días después en la sede de la Presidencia. La pasada semana, el Consejo de Gobierno lo rubricó pese a que de momento queda fuera el grueso de los trabajadores públicos, que vuelven a vivir una situación de desigualdad que denuncian tanto el Sindicato Médico como el sindicato de justicia SPJ-USO Andalucía.

La adaptación de los servicios públicos al restablecimiento de las 35 horas estará a partir de ahora sujeta a la negociación colectiva. Una vez publicada en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) la decisión gubernamental, se activarán las mesas sectoriales para establecer la nueva distribución horaria. El sector educativo ya sabe que su aplicación íntegra se demorará hasta el curso 2018/2019 para amortiguar el desembolso económico que requeriría implantarlas actualmente, al requerir la contratación de interinos para suplir esas horas. La Junta adujo –y los tres sindicatos lo respaldaron– la dificultad de adaptarse con el curso iniciado a la reducción, mientras que su aplicación fue inmediata cuando se incrementó el horario en 2012, añadiendo dos horas lectivas más al profesorado.

En el ámbito sanitario, la organización se determinará en función de los turnos de trabajo diario y los criterios de «flexibilidad» que se negocien, lo que para el Sindicato Médico supone una nueva «discriminación, al añadirse a la distribución aleatoria de las 2,5 horas extra que se hizo entonces». La Ley de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en Materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta estableció que la jornada ordinaria de trabajo del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) «será como mínimo de treinta y siete horas y media semanales de promedio en cómputo anual, y el horario en el que se realizará la jornada ordinaria se aplicará en función de los turnos de trabajo diario que con la necesaria flexibilidad se establezcan a través de pactos con los representantes de los trabajadores y que se adaptarán a esta jornada ordinaria». La arbitrariedad con la que se aplicó en cada centro sanitario provocó la anulación de la resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en junio de 2014, al entender que la decisión correspondía al Consejo de Gobierno y no a los distintos órganos directivos del SAS. La Junta deberá asumir ahora el coste de las jornadas extra trabajadas por los sanitarios.

En justicia, donde las competencias son compartidas por Gobierno y Junta con diez mil empleados entre ambos –unos 7.500 dependen de la Consejería– tampoco se beneficiarán del acuerdo de mínimos.

Oportunidad para generar empleo

El Gobierno andaluz y los sindicatos firmantes «vendieron» esta recuperación de derechos como una oportunidad para generar empleo, cifrando las nuevas contrataciones en alrededor de 12.000. La activación de la medida en el año 2012 provocó una sangría en el sector público, que ha alcanzado este año su cota más baja: 460.000 empleados, según el Boletín Estadístico semestral publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a enero de este año. La comparativa con los ejercicios precedentes evidencia una progresiva pérdida de puestos en el último cuatrienio, reduciéndose en su conjunto en más de 37.000 funcionarios.

El Estado disponía en enero de 2012 de 94.186 empleados en Andalucía; actualmente son 85.194, prácticamente diez mil menos relacionados con jubilaciones –el decreto estableció que solo se cubrirían el 10% de las bajas por esta causa– y con la reducción de las contrataciones. La Junta, por su parte, ha pasado de los 255.252 empleados registrados en aquel año a tener casi 18.000 menos. La última estadística refleja que 237.270 personas trabajan para la Administración regional y sus organismos autónomos. De cumplirse las previsiones de contratar a doce mil nuevos profesionales, el balance aún sería negativo con seis mil menos que cuando se promulgó el decreto de las 37,5 horas.

A nivel local, la tendencia ha sido diferente, aunque con el mismo resultado: menos trabajadores, ya que actualmente ayuntamientos y diputaciones cuentan con 113.326 empleados. Sin embargo, los 122.000 que había en 2012 sufrieron una leve caída en 2014, incrementándose el año pasado hasta los 138.000. En un solo año, por tanto, se han eliminado 25.500 funcionarios. La diferencia en el período analizado 2012-2016 se reduce a 8.721 funcionarios. Las universidades han sufrido también las consecuencias de las restricciones económicas: su plantilla ha pasado de 26.174 personas en 2012 a 24.678. En total, 1.532 trabajadores han salido del sistema.