El «caso UGT» cumple tres años al ralentí tras el apartamiento de Alaya

El magistrado Juan Jesús García Vélez abrió el 22 de agosto de 2013 las primeras diligencias de una causa que volvió a su juzgado en 2014. A partir de ese momento el diapasón bajó: la instrucción debe acabar a mediados de 2017.

La «macrocausa de los ERE» ha concitado todos los focos –mediático, político y judicial– por la dilación en su proceso de instrucción. Es el ejemplo recurrente. Acumula algo más de cinco años y medio –las diligencias arrancaron el 19 de enero de 2011–, pero el proceso ya va enfilando un horizonte definitivo. La titular de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que sustituyó en el cargo a Mercedes Alaya, dividió la causa en seis piezas separadas y el magistrado encargado, Álvaro Martín, ha dado los pasos para abrir juicio oral contra los ex presidentes Chaves y Griñán, y otros 24 ex altos, imputados en la rama política. El de los ERE, no obstante, no es la única causa mediática y que afecta a la Junta que se dilata en el tiempo.

El «caso de las facturas falsas» de UGT-A acumula tres años: no hay un horizonte concreto para la apertura de juicio oral y las diligencias siguen un ritmo de cuasi hibernación, después de que la Audiencia provincial de Sevilla, tras la ofensiva de recursos de la Fiscalía Anticorrupción, decidiera apartar a la jueza Mercedes Alaya en marzo del año 2014.

Las primeras diligencias del «caso UGT» (5072/2013) las abrió el titular de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, el 22 de agosto de hace tres años. Llegaron a su juzgado por reparto aleatorio después de abrirse la espita de las informaciones periodísticas que apuntaban a graves irregularidades en subvenciones públicas y de la denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias que ahora, por vueltas o caprichos del destino, es quien tiene a su presidente, Miguel Bernad, en la cárcel acusado de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal. Las tres personas que han movido al más alto nivel los hilos del sindicato UGT-A durante tres lustros, los ex secretarios generales Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, y el ex tesorero Federico Fresneda también están acusados de fraude y de participar de manera directa en la «financiación ilícita» del sindicato. Pero sólo Fresneda pasó circunstancialmente por el calabozo a finales de junio de hace dos años, cuando fue detenido por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) mientras disfrutaba de las aguas templadas de Tenerife.

Fresneda fue detenido junto a otras 13 personas, entre ellas María Charpín, ex secretaria de Gestión Económica de UGT-A, la persona que se encargó de implantar el sistema Spyro, una herramienta informática con la que el sindicato manejó la doble contabilidad de los «botes», que junto al cobro de rápeles a empresas son los dos presuntos pulmones de financiación ilegal de la organización que investiga el juzgado. Se trató de la segunda fase de la denominada «Operación Cirene», clave para descabezar la cúpula del sindicato y la estructura de empresas proveedoras. Las órdenes para realizar los registros y las detenciones las dio el actual titular de Instrucción 9, Juan Jesús García Vélez, pero tanto esta operación como la anterior, la primera fase de «Cirene», que se basó en registros en las sedes de UGT-A en Sevilla y Córdoba, las impulsó Mercedes Alaya.

La base de información para practicar las detenciones de «Cirene» partió de los pinchazos telefónicos que ordenó Alaya a finales de 2013. Quedaron al descubierto algunas de las principales irregularidades del sindicato y las prisas de algunos, como Federico Fresneda, por desvincularse del holding empresarial de UGT-A, buscar coartada, y maniobrar para intentar desprenderse de bienes inmobiliarios.«A este hombre le va a dar algo, me dio mucha pena y está muy solo. Le he recomendado que se busque un buen abogado porque lo va necesitar», aseguró en una conversación telefónica pinchada por la Guardia Civil José Manuel Guerrero, ex secretario de Acción Sindical.

Alaya consiguió sortear un recurso que interpuso la Fiscalía Anticorrupción, que se oponía a la instalación de dispositivos de grabación en lugares públicos sin orden judicial. La cúpula de UGT-A se percató de que podían tener los teléfonos pinchados y recurrieron a hablar en clave y a reunirse en bares. Sin embargo, la ofensiva de recursos persistió –cinco en total, según avanzó en su día este periódico– y Alaya fue apartada en marzo de 2014 tras un auto de la Audiencia.

La magistrada, también apartada del «caso ERE» y de la formación tras negar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) su comisión de servicio, consiguió aglutinar todas las diligencias del «caso de las facturas falsas» de UGT-A en octubre de 2013, después de que el juez decano de Sevilla resolviera que era la persona idónea para seguir la instrucción debido a la conexidad o relación con los dos frentes que ya estaba investigando: las diligencias tras la declaración del que posteriormente fue testigo protegido del «caso de la formación», Teodoro Montes; y los pagos al entramado de sociedades pantalla de Lanzas, tal y como señaló la Guardia Civil en un atestado del «caso de los ERE».

El caso volvió en 2014 al mismo despacho y al mismo juez que abrió las diligencias 5072/2013 el 22 de agosto de 2013. Y a partir de entonces, el diapasón bajó. La declaración de Manuel Pastrana se ha pospuesto de manera indefinida debido a su delicado estado de salud. Francisco Fernández Sevilla acudió al despacho de García Vélez en noviembre de 2014, pero se acogió a su derecho a no declarar. Federico Fresneda pasó recientemente por la comisión de investigación parlamentaria de los cursos de formación, pero se marchó como llegó: sin responder a las preguntas que le formularon los diputados.

Las cifras son millonarias y el caso reviste extrema gravedad, aunque la atomización de causas –ERE, formación, Invercaria, avales de IDEA...– ejerza un eclipse mediático. Sólo una empresa, Chavsa, llegó a generar un bote de más de 400.000 euros a UGT. La Junta reclama más de 15 millones en ayudas públicas, por irregularidades de todo tipo. El sindicato cargó a subvenciones la compra de maletines falsificados en Asia, cámaras de vídeo, bolígrafos de plata, pancartas, nóminas... El PP lleva más de un año preguntando cuánto de este dinero ha devuelto de manera efectiva el sindicato a la Junta, pero de momento no hay respuesta. El pasado mes de enero, el juez encargado del caso declaró de especial complejidad la causa, por lo que tendría un colchón de 18 meses que acabaría en junio de 2017. Por ahora no hay señales de que el barco apunte a puerto.