El dinero para las universidades permitirá «abrir las puertas» pero será «insuficiente»

Una experta de la Universidad de Sevilla advierte de que el modelo que propone la Junta para los próximos cinco años, con la base de costes de 2015, complicará las mejoras y la recuperación de derechos de una plantilla en descenso

El decreto de precios de las universidades públicas para el próximo curso está aprobado. El Consejo de Gobierno de la Junta lo certificó el martes. Las tasas siguen congeladas por quinto año e incluso han bajado considerablemente los precios de los másteres. Las bonificaciones al alumnado que haya aprobado se ejecutarán a partir de septiembre, con las nuevas matriculaciones. Resuelto esto, los rectores de las diez instituciones públicas y el consejero de Economía y Conocimiento pueden volver a centrarse en el nuevo modelo de financiación 2017-2021, adentrados ya en el segundo semestre del año.

Son muchos los flecos por cerrar, aunque la Junta fijó una base clara: el grueso de su aportación anual será la financiación básica operativa –entre el 84,5 y el 88%–. El cálculo se realizará a partir de los costes de la liquidación del presupuesto de 2015. «La Junta no ha hecho un ejercicio de control del logro de objetivos en materia de universidades ni de transparencia –al menos, que se sepa– y desconocemos su situación real antes y después de la crisis. Partiendo de este escenario desconocido, el nuevo modelo pierde credibilidad porque todos los pasos que intentemos dar serán en falso», asegura Teresa Duarte, profesora de Económicas de la Universidad de Sevilla.

«La cifra de partida –explica Duarte– es el montante del capítulo I y II del ejercicio inmediatamente anterior, es decir, el coste histórico. Esos capítulos contienen aquellos gastos necesarios para que la universidad pueda ‘abrir las puertas cada día’, es decir, que son básicos para su funcionamiento». «Tiene la ventaja de que es fácilmente observable pero no creo que sea la más adecuada para asegurar un buen funcionamiento por una razón muy sencilla: las universidades públicas han sufrido importantes recortes durante el período de crisis de modo que esa cifra histórica es excepcionalmente baja y, por tanto, insuficiente. A mi juicio, hubiera sido deseable partir de una estimación de costes que asegurara su buen funcionamiento y no de una que claramente está por debajo de ese estándar básico». De hecho, la Junta admite este punto y puntualiza que «se establecerán dotaciones de financiación básica operativa compensatorias a aquellas universidades a las que resulten cuantías por debajo de las percibidas en 2016».

En ese ejercicio, la Junta destinó 1.502 millones de euros en total a las universidades, por debajo de los presupuestos de los dos años siguientes. Es cierto que no ha supuesto el suelo presupuestario –se alcanzó en 2013–, pero sí un considerable recorte porque ya se habían perdido cientos de puestos de trabajo en las plantillas –reduciendo además las horas de contrato y los sueldos, que ahora deben recuperarse– y las universidades habían ajustado sus gastos ante el corte de la financiación. En 2010, cuando todavía no había entrado en vigor la Ley del Gobierno central que limitó las contrataciones públicas al 10% de las bajas producidas, la Junta les transfirió 1.645 millones. Entonces, las plantillas estaban muy por debajo, con 19.674 trabajadores, según cifras del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Si se compara con el año 2013, cuando comenzó a aplicarse la limitación de la tasa de reposición, hay casi quinientos menos –especialmente se ha cebado con el colectivo de profesores funcionarios, con 786 docentes menos–. Entre julio y enero pasados se ha producido además un descenso de 264 funcionarios quedándose en 25.083.

La teórica recuperación de derechos que recoge el borrador del modelo de financiación publicado en diciembre exigiría por tanto un esfuerzo económico muy superior al que se realizó en 2015. «Para recuperar los derechos perdidos debemos saber cuánto se ha perdido. Primero, es preciso evaluar el modelo anterior 2007-2011. Pero la situación del sistema público de universidades andaluzas no ha sido analizada exhaustivamente tras el último modelo y tampoco los daños que la crisis ha causado», insiste Duarte. «La crisis se ha traducido en precarización y paralización de las carreras profesionales de los docentes, investigadores y del personal de administración y servicios, cuando no han sido directamente expulsados».

El discurso oficial –incluso lo refleja específicamente el texto del borrador– habla de recuperar derechos laborales pero no establece un calendario para revertir la situación. «La autonomía universitaria será el principio rector fundamental. Este modelo lo potenciará con una financiación básica, suficiente para garantizar que se atienda el gasto corriente de funcionamiento, las necesidades en materia de equipamiento e infraestructuras, así como la actividad basal de los grupos de investigación de la Junta, recuperando los derechos perdidos durante la crisis, que han afectado a la jornada laboral o a los incentivos a la excelencia», según puede leerse en el texto. La propuesta de la también investigadora de la US es que se realice «una estimación de costes que asegure el buen funcionamiento» frente a una que solo garantiza su continuidad, sin ahondar en las condiciones. En su opinión, el acuerdo sobre el que están negociando la Consejería y los rectores está «claramente por debajo de ese estándar básico».

Es un escenario excepcional como ha sido el quinquenio pasado, la Junta no cumplió sus compromisos económicos pero tampoco las universidades captaron los fondos privados estipulados, que en el futuro deberán pasar del 24 actual al 30% de sus gastos e inversiones. De nuevo el horizonte es destinar a la educación superior el 1,5% y debe alcanzarse en 2021.

Duarte sí ve acertado continuar con la figura de los contratos programas, «un instrumento excepcionalmente adecuado y necesario» que cada universidad negocia con la Junta. No obstante, advierte de que «para que funcionen bien deben basarse en indicadores adecuados y transparentes que no provoquen conflictos entre las universidades. Y para eso se necesita implantar un sistema de contabilidad de costes».