Fraude en los cursos de formación

El ex consejero Ojeda avisa a Núñez de una posible división ilegal de los cursos

Se opondrá a un troceo que lo incluya en varias de las piezas planteadas por la Fiscalía y recuerda que la Audiencia de Cádiz ya se pronunció en ese sentido

La sintonía entre la Fiscalía y la jueza María Núñez Bolaños no parece muy fluida, según fuentes judiciales
La sintonía entre la Fiscalía y la jueza María Núñez Bolaños no parece muy fluida, según fuentes judicialeslarazon

Se opondrá a un troceo que lo incluya en varias de las piezas planteadas por la Fiscalía y recuerda que la Audiencia de Cádiz ya se pronunció en ese sentido

La sintonía entre los actores implicados en las investigaciones que pespuntea el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla parece deshilvanada. Si en el caso de los ERE fraudulentos, la titular, María Núñez Bolaños, se ha dado de bruces con que la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Audiencia sevillana su rediseño del despiece de la «macrocausa» en seis bloques, a lo que se han sumado escritos y otros recursos en el propio juzgado; en el proceso de los cursos de formación ya hay quien advierte de troceos ilegales.

La propia Núñez preguntó en julio a la Fiscalía por la conveniencia de segmentar el «macroproceso» de formación después de pedir a la Guardia Civil un informe de situación cuando cogió las riendas del juzgado. El Ministerio Público respondió el 14 de septiembre con un escrito en el que se mostró a favor y planteó incluso cinco bloques: uno centrado en los entramados empresariales, otro en los consorcios públicos de la Junta, un tercero dedicado a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), un cuarto sobre las ayudas a los ex trabajadores de Delphi; y el último ligado a la «operación Barrado», en la que fueron detenidos delegados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de las ocho provincias.

Luego, Núñez buscó la opinión de otras partes, y ahora uno de los principales imputados, el ex consejero Ángel Ojeda, se opone a una división que lo incluya en más de un compartimento. Su abogado, Juan Carlos Alférez, defiende en un escrito que ha elevado al juzgado que «lo que se ha venido en denominar de manera impropia y casi despectiva como ‘entramado Ojeda’, tendrá que ser necesariamente investigado en una única y exclusiva pieza separada o diligencia previa incoada ‘ex profeso’». En otras palabras, no se avendrían a la propuesta de Anticorrupción si finalmente se situase al ex consejero en el apartado sobre los entramados empresariales y en el de Delphi, dado que, «de los datos ya existentes en la instrucción, es evidente», sostiene Alférez, que su cliente está siendo investigado tanto por subvenciones ligadas a la multinacional como por otras ayudas a la formación repartidas por el Gobierno andaluz.

«Por los mismos y exactos argumentos», avisa el letrado a la jueza, «la Audiencia Provincial de Cádiz acordó remitir a este juzgado de Instrucción de Sevilla las diligencias penales incoadas en el de Instrucción número 2 de Cádiz, al considerar que todas las ayudas concedidas al mal denominado ‘entramado Ojeda’, debieren ser investigadas en un solo proceso».