El ex interventor general pide a la jueza de los ERE que cite a dos peritos

El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez ha solicitado a la jueza María Núñez Bolaños que cite a declarar como testigos-peritos a dos interventores de la propia Administración autonómica en el marco de la investigación por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

En un escrito elevado al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que tiene fecha de 16 de marzo, el ex interventor general de la Administración autonómica pide a la magistrada, en primer lugar, que llame a declarar como testigo-perito a Luis Hinojosa Gómez, interventor adjunto del interventor general desde el 7 de junio de 2000 hasta la actualidad. De igual modo, y en el mismo escrito, Gómez demanda a la instructora que cite también en calidad de testigo-perito, a Teresa Arrieta Viñals, interventora adjunta al interventor general de la Junta desde el 23 de mayo de 2005 hasta hoy.

El ex interventor general de la Junta solicita a la jueza que practique ambas declaraciones al considerar que son «útiles y necesarias» para su defensa en la «macrocausa» de los ERE, en la que fue imputado por la anterior titular del órgano judicial, la jueza Mercedes Alaya, ahora en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, tras ser ascendida.

En este sentido, Gómez Martínez expone que «los extremos sobre los que versarían las referidas declaraciones testificales serían» dos. Por un lado, «sobre la actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía en el ámbito de la función interventora», y, de otro, girarían en torno a «la actuación de ésta en el ámbito del control financiero de subvenciones». El ex interventor pone de manifiesto en el mencionado escrito que, de ser estimada su petición, ambos habrán de ser llamados para que acudan a las dependencias judiciales en el domicilio que se corresponde con sus actuales puestos de trabajo. Gómez está siendo investigado en el ámbito de este «macrocaso» por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.