El futuro legal del jefe de servicio de la Junta investigado en el “caso Infoca” apunta a la Audiencia Nacional

La instructora suspende de momento la declaración de los cinco nuevos señalados

Cada tanto pasa. En un proceso judicial puede haber pasos hacia adelante y hacia atrás. La instructora del llamado «caso Infoca», en el que se investiga la adjudicación de medios aéreos para el plan que le da nombre, María de los Reyes de Flores, había citado a declarar en calidad de investigados –antes imputados– a cinco miembros de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a las 9:30 horas del próximo día 25, a petición de la Ecologistas en Acción, personada en la causa. Una cita que, de momento, los afectados podrán suprimir de sus agendas.

De Flores, titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, ha acordado en un auto del 5 de octubre, al que accedió LA RAZÓN, dejar sin efecto la parte de la providencia que aludía a esa convocatoria como habían solicitado la abogada de la Junta que representa al jefe de servicio de contratación de Medio Ambiente, Antonio M. L., señalado desde casi el arranque de la causa; y la representación procesal de la empresa Faasa Aviación. Ambos se agarraron a que la jueza ha elevado hasta la Audiencia Nacional parte de lo actuado en Sevilla, dado que ésta ya había asumido la investigación sobre el denominado mediáticamente «cártel del fuego». Con su decisión, la magistrada se ha alineado con la Fiscalía. Ésta defendió en un escrito, consultado también por este periódico que, como los investigados habían sido llamados «por hechos que pueden incardinarse en la materia en que se ha efectuado inhibición a la Audiencia Nacional, concretamente en torno a las adjudicaciones efectuadas en su día», podía «resultar procedente esperar a la decisión de la competencia». Esto es, a que Madrid se pronuncie sobre si la acepta o no. De lo que no se mostró partidario el Ministerio Fiscal es de deslindar la actuación que «indiciariamente se atribuye» a Antonio M. L. de «la materia objeto» de envío al tribunal nacional, como pretendía su abogada. La Fiscalía entiende que no procede porque, entre otras cuestiones, «la Policía concretó» en un informe, al que siguió la declaración del propio investigado, «la participación de éste, con clara mención de la ‘colusión’» de entidades –pacto para perjudicar a terceros–. A ello añade que en el recurso que interpuso contra el auto de la jueza «no se esgrimen razones contrarias a la inhibición sino a la imputación en sí» y que corresponde a la Audiencia, si asume la competencia, decidir su grado de implicación. La jueza, en la misma línea, dictamina en otro auto que no ha lugar a reformar su resolución previa en ese aspecto.