El Grupo Parlamentario de Podemos financia 47 asesores y ocho sedes

Entre las tres condiciones que Podemos puso encima de la mesa para permitir la investidura de la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, en su fase inicial de bloqueo tras las elecciones autonómicas de marzo de 2015, figuró una «drástica» reducción, incluso hasta el cero, de los altos cargos y los asesores políticos de las consejerías, después de hacerse público su número y sus sueldos. Pero la contratación de asesores no es exclusiva de la biología del PSOE.

Gracias a que la formación morada que dirige Pablo Iglesias a nivel estatal y Teresa Rodríguez en Andalucía ha publicitado con detalle sus cuentas en una página web, se puede comprobar que el Grupo Parlamentario autonómico de Podemos, que cuenta con 15 diputados presididos por María del Carmen Lizárraga y cuya portavoz es la propia Rodríguez, costea 47. Según lo aprobado por la Mesa de la Cámara la formación morada recibió en 2015 para gastos de funcionamiento 119.311,02 euros al mes, más otros 146.324,69 para gastos de su personal.

Los contratos son 16 mujeres y 31 hombres. Entre ellos hay una auxiliar administrativa, cuatro periodistas, un licenciado en derecho que asiste a los parlamentarios, y 16 englobados bajo la etiqueta de «licenciados» y que se encargan de tareas como la gestión de redes sociales, los argumentarios, la coordinación con órganos de partido como la secretaría política, el seguimiento de círculos sectoriales, la oficina parlamentaria de Córdoba o la asistencia local parlamentaria en Cádiz –Podemos gobierna esa capital, con José María González, «Kichi», en la Alcaldía–. A ellos hay que añadir un coordinador de área-enlace con áreas estatales, un informático y un técnico informático, un asesor jurídico, un contable, una administrativa y seis oficiales administrativos, que se ocupan del diseño web, la administración de sistemas o labores de apoyo. Y aún hay más: dos ayudantes titulados, uno de ellos centrado en la comunicación interna; una economista; un responsable de prensa ligado a la Secretaría General del partido; cuatro diplomados; un ayudante no titulado a quien corresponde el análisis socio-político; dos asistentes de sede parlamentaria y dos catalogados simplemente como «asesores», uno para el ámbito jurídico de relaciones con la sociedad civil y otro para la participación de la última.

En el mismo sitio web alimentado por la formación morada –https://transparencia.podemos.info/cuentas-claras/parlamento-europeo– se reflejan también los trabajadores a nómina de otros ocho grupos parlamentarios de Podemos, en concreto los de Aragón, Canarias, Valencia, Navarra, Murcia, Castilla la Mancha, Madrid y La Rioja. Éstos cuentan con nueve, tres, nueve, uno, cuatro, tres, 24 y tres personas contratadas, respectivamente, lo que supone un global de 56, nueve más que la cadena de 47 de Andalucía. El total sufragado por los nueve Grupos «podemitas» en las distintas cámaras regionales se eleva hasta las 103 asesores, con lo que el andaluz acumula el 45,6 por ciento de esos costes laborales, que supunen un desembolso, según los datos facilitados en internet y relativos al ejercicio de 2015, de casi 91.000 euros en salarios.

En esa web, en la que ha cristalizado la transparencia por la que aboga Podemos, también consta que se cargan al Grupo Parlamentario regional otros gastos como apuntes de alquiler de locales en distintas ubicaciones de la comunidad. Sin embargo, en el apartado atribuible al partido, los desembolsos achacables a Podemos Andalucía son pocos y en su mayoría relacionados con el pago de billetes de tren o de combustible. Fuentes de la formación de Iglesias confirmaron ayer a este periódico que efectivamente «funcionan así» y que con el dinero que reciben en la Cámara se financian ocho sedes, una en cada de una de las capitales de provincia de la comunidad. Las consideran «oficinas parlamentarias» en las que «se atiende al público, con un horario, y en las que se recogen las demandas, quejas o sugerencias de los ciudadanos», defendieron.

«Nosotros detallamos cómo gastamos los fondos que recibe el Grupo Parlamentario, ¿cómo lo hace el resto de partidos –en la región cuentan con uno al margen de Podemos, PSOE, PP Ciudadanos e IU–?, ¿en qué gastan su dinero?», se preguntan para autoresponderse: «No lo sabemos».