El juzgado quiere saber cuántas ayudas de los ERE se dieron al amparo de normativa estatal

Primero dijo que no, pero la instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, María Núñez, ahora quiere saber el «número» y la «cuantía» de las ayudas sociolaborales que se concedieron al amparo de la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995. El nacimiento de ese interés está vinculado a una petición que realizó la defensa de la propietaria del restaurante sevillano Río Grande, Carmen García, en el ámbito de la pieza separada que gira en torno a aquel negocio.

Núñez se negó de arranque a tirar de ese hilo, al entender que lo solicitado no guardaba relación con el objeto de la investigación, pero el representante procesal de García insistió, vía recurso, y le trasladó a la jueza que lo que pretendían era averiguar si existía o no «un marco legal que sirva de amparo» a las subvenciones públicas en el punto de mira.

Ahora, la instructora, en un auto consultado por LA RAZÓN, admite el recurso y acuerda la práctica de las diligencias demandadas por lo que pide al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que emita «certificación comprensiva» sobre la cantidad y el importe de las ayudas sociolaborales que se repartieron al calor de la mencionada orden.