El Parlamento cerró el 48% de sus contratos sin publicidad

Casi la mitad de los 46 vigentes este año se negociaron de esa forma

La líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, inyectó unas dosis de crítica en la última sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento autonómico del pasado jueves, al poner el foco en el reparto publicitario de la Junta y aludir a algunos abusos, como el de las adjudicaciones sin publicidad detectados por su formación tras analizar unos 3.000 contratos. Pero no sólo el Ejecutivo regional recurre a menudo a esa fórmula para elegir prestadores de servicio. De hecho, casi la mitad de las contratas de la Cámara con anualidad 2017 han sido llevadas a cabo de forma negociada sin publicidad. De acuerdo al listado de las mismas actualizado hasta el 18 de abril que se muestra en el portal de transparencia del Parlamento, se han formalizado un global de 46 contratos que han estado o todavía se encuentran en vigor en este ejercicio, de los que 24 se han asignado y tramitado mediante un procedimiento abierto y 22 gracias a negociaciones sin publicidad, esto es, el 47,8 por ciento del conjunto se habría gestionado sin concurso público.

¿Qué se atribuyó de esa manera? Una variada gama de coberturas. El mantenimiento del gestor de una base de datos, de los «sistemas de alimentación interrumpida» de la Cámara, de los arcos detectores de metales, de la emisión en directo a través de internet –en «streaming»– de las sesiones en las que participan sus señorías, de una aplicación de contabilidad, de la climatización del edifico o de las instalaciones de protección contra incendios. A lo enumerado se suman servicios fotográficos, de formación en inglés para el personal y los miembros de la institución, de telefonía fija y móvil, de gestión bibliotecaria, de actualización de sistemas como el de debate y votación empleado en el salón de plenos u otros de asesoramiento técnico. Se da la circunstancia de que algunos de esos contratos están cofinanciados por la Cámara de Cuentas de la comunidad, como uno relativo a la recogida de residuos en ambas entidades, el mencionado de los arcos detectores u otro ligado al control centralizado automático de ambas sedes. Y ello, a pesar de que ese órgano fiscalizador ha llevado a cabo múltiples recomendaciones en sus informes en torno a esa modalidad contractual, en aras del denominado principio de «buena Administración». Junto a él, el Tribunal de Cuentas ha censurado el exceso de acuerdos previos entre empresas y administraciones a la hora de contratar.