El Parlamento dilata la solución al «pucherazo» de la Mesa

El presidente del Parlamento andaluz, el socialista Juan Pablo Durán, garantizó ayer que la Cámara cumplirá «escrupulosamente» la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha anulado la composición de la Mesa armada en abril de 2015, tras admitir el recurso de amparo presentado por la diputada del PP-A, Patricia del Pozo, quien quedó fuera de unas de las secretarías. Pero no lo hará antes de que el fallo se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y tampoco está claro cómo se articulará la solución, dado que el Alto Tribunal no concretó la fórmula e instó al Parlamento a «arbitrar las medidas oportunas» para hacer efectiva su resolución, por lo que habrá que tejer entre bambalinas.

La inclusión del Del Pozo en la Mesa obliga a la salida de otra persona –son siete puestos, el PSOE cuenta con tres, incluida la Presidencia, y el resto de partidos, PP, Ciudadanos, Podemos e IULV-CA, con uno cada uno– y todos los ojos apuntan a IU, la fuerza con menor representación en la Cámara, ya que fuentes parlamentarias dan por hecho que el PSOE «no va a ceder». Los miembros de la Mesa mantuvieron ayer una reunión en la que no se abordó este asunto, al no tener aún «constancia oficial» de la sentencia, pero al término de la misma, Durán, quien tildó lo que para las populares es un «pucherazo» de «disputa técnico-jurídica», sostuvo que lo que ha decidido el Constitucional es que «por encima» de que todos los grupos cuenten con un miembro en la Mesa, como marca el reglamento de la Cámara, «está el derecho individual y personal» de Del Pozo, quien tiene que integrarse como secretaria segunda de la misma. Según la interpretación de Durán, el TC ha establecido que salga «el diputado de IULV-CA, José Antonio Castro, que estaba como secretario tercero», pese a que en la sentencia no se precisa cómo actuar. De hecho, tanto el aludido, como el líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, negaron que ésa sea la opción planteada por el TC y advirtieron de que, de llevarse a efecto, se conculcaría el artículo 36 del Reglamento, que es el que fija que todos los grupos estén representados en la Mesa, por lo que propusieron una reforma reglamentaria exprés –que se llevaría a cabo por lectura única en sesión plenaria–, para elevar de siete a ocho el número de puestos en el órgano parlamentario de dirección. Por esa modificación abogó también el presidente del grupo de Ciudadanos (C’s), Juan Marín, para quien deja fuera a IU, sería «poco democrático». A juicio de Marín, el Tribunal Constitucional «se ha quedado corto» al no haber especificado también que «todos los grupos deberían estar representados con el voto ponderado, con un solo representante».

Del lado de Podemos, tampoco creen que «IU deba salir de la Mesa», pero sí debe «ceder alguien en pro de la democracia», según condensaron fuentes de la formación morada a este periódico, en meridiana alusión a los socialistas, con mayoría en el ente. Su diputada Libertad Benítez atribuyó la situación «inédita» a desenredar a la «incapacidad» del PSOE para gestionar la «pluralidad» de la Cámara de esta legislatura, y avisó, en línea con IU y C’s, que se debe «cumplir el reglamento».

En cuanto a los que levantaron los puños judiciales, los populares, su portavoz parlamentaria, Carmen Crespo, urgió a cumplir «ya» los mandatado por el TC, además de exigir a la presidenta de la Junta y máxima dirigente del PSOE-A, Susana Díaz, que «pida disculpas públicamente» por la «cacicada» de «querer quitarle» su puesto a Del Pozo. Todos se llamaron al diálogo entre sí para llegar a un acuerdo que no perjudique a nadie, pero está por ver en qué cristalizan las resbalosas palabras.

El presidente de la Cámara dice que el TC ha marcado que debe salir IU, pese a que el fallo no concreta qué hacer. Los grupos se instan entre sí a dialogar y abogan en su mayoría por reformar el reglamento