Tribunales

El rector se disculpa por no actuar antes contra «uno de los nuestros»

La US lamenta la «lastimosa» lentitud judicial en el caso por acoso

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro
El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castrolarazon

La US lamenta la «lastimosa» lentitud judicial en el caso por acoso

Se hizo pública la sentencia y la Universidad de Sevilla (US) aseguró que hasta que no se oficializara, al conocerla por los medios, no actuaría. Se produjo entonces el rechazo de la sociedad, presidenta de la Junta incluida. Fue entonces cuando la US anunció la expulsión del catedrático condenado por abusos sexuales. El rector Miguel Ángel Castro ofreció ayer su valoración por el caso del catedrático Santiago Romero, condenado a siete años de prisión por tres delitos de abusos sexuales y uno de lesiones cometidos sobre dos profesoras y una becaria de investigación. El rector pidió «perdón a la sociedad» en nombre de la institución, ya que «cuando uno de los nuestros comete actos como éstos la Universidad se empobrece».

Castro, asimismo, lamentó la «lastimosa» lentitud de las instancias judiciales en el asunto, ya que desde la primera denuncia hasta la condena han pasado seis años, «un tiempo demasiado largo».

Castro admitió que la actuación de la US probablemente podría haber sido «mejor», aunque la mayoría de sus críticas fueron para el estamento judicial, debido a que desde el momento en que la Justicia se hace cargo del caso, tras llevar la Universidad el suceso a la Fiscalía aunque sin ejercer la acusación después, el expediente disciplinario que la US inició contra Romero en noviembre de 2010, dos semanas después de la primera denuncia y dos meses antes de llegar a los juzgados, quedó paralizado por imperativo legal. «En seis años, los que de verdad saben de leyes, que son los jueces, no han hecho nada», indicó. El catedrático ha seguido dando clases hasta esta semana, cuando la US ha decidido ejecutar las medidas cautelares contra él, lo que implica la suspensión de actividad académica. El condenado, que tiene prohibido el acceso a la Facultad de Educación, seguirá cobrando el 75% de las retribuciones básicas hasta que se solvente el expediente.