El reto de adelgazar la administración paralela y aumentar las inversiones

El Consejo de Gobierno aprobará hoy el Proyecto de Ley del Presupuesto para 2018. Algunas de las cifras ya se conocen. Las deslizó la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, tras la firma del acuerdo al que llegó con Ciudadanos el pasado 20 de septiembre. Son las terceras cuentas que Susana Díaz va a sacar adelante con el apoyo de esta formación.

El Presupuesto volverá a superar el listón de los 30.000 millones de euros. Crecerá en torno a un 2,5 por ciento respecto a este año. Tanto educación (3,3 por ciento) como sanidad (un 5) registrarán aumentos por encima de la media. Ciudadanos se ha apuntado el tanto de la exención fiscal para las herencias de hasta un millón de euros, lo que tiene un impacto sobre la recaudación de 83 millones, mientras que la Junta está haciendo bandera de la puesta en marcha de una renta mínima de inserción que contará con un presupuesto de 198 millones, una partida que elevará en un 7 por ciento la partida para igualdad y políticas sociales.

Estos son los datos que ha ponderado la Junta hasta el momento. Pero hay otras incógnitas que mediarán el esfuerzo del Ejecutivo andaluz en unas cuentas decisivas por ser muy probablemente las últimas de una legislatura que caduca a principios de 2019.

LAS INVERSIONES, LA MITAD QUE HACE UNA DÉCADA

Las inversiones suponen una de las principales claves del presupuesto. En las cuentas de 2017 subieron un 3,7 por ciento hasta los 3.668 millones. La Junta rompió un ciclo de recorte de las inversiones productivas que no es exclusivo de esta comunidad. El Gobierno también ha llevado a cabo una política muy restrictiva en este ámbito. Actualmente suponen prácticamente la mitad que en el momento alcista de antes o de los primeros años de la crisis. Así, en 2009 ascendieron a 7.634 millones de euros.

TRANSFERENCIAS AL ALZA PARA LA ADMINISTRACIÓN PARALELA

Cs y PSOE se comprometieron a recortar en un 25 por ciento el peso de la administración paralela de agencias, empresas y fundaciones. Pero la realidad es que las transferencias para este tupido conglomerado no han hecho nada más que subir hasta alcanzar en el Presupuesto de 2017 los 3.311 millones de euros. Un dato es significativo: las primeras cuentas que rubricó Susana Díaz como presidenta consignaban unas transferencias y subvenciones para estos entes instrumentales de 2.922 millones de euros. Esto es, durante su mandato el aumento ha sido de 389 millones de euros. Conviene recordar que algunos de los entes que se preveían disolver en 2017 ya estaban en proceso de disolución.

RALENTIZACIÓN DEL CRECIMIENTO

El horizonte económico es propicio. La presidenta de la Junta avanzó durante su reciente visita a Portugal que Andalucía cerrará 2017 con un crecimiento del 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). La región se acompasa así a la media de las comunidades y supera holgadamente las expectativas, ya que la previsión inicial de crecimiento en el Presupuesto de 2017 era de un 2,3 por ciento. Habrá que ver la estimación para 2018. En el «borrador» de las cuentas ya se avanza que habrá ralentización. «Las expectativas para 2018 son de continuidad del crecimiento, si bien, se espera un ritmo ligeramente inferior al de 2017», recoge el anteproyecto de ley. «El agotamiento de los efectos de algunos de los factores que han impulsado la recuperación de la economía, como son la laxitud de las condiciones monetarias o la reducción del precio del petróleo, unida a la incertidumbre que se deriva de algunas circunstancias que afectan a la economía internacional como la combinación de políticas aplicadas por los Estados Unidos o el desarrollo de las negociaciones para el abandono de Reino Unido de la UE, podrían incidir en esta ralentización del crecimiento».

PREVISIÓN DE CREACIÓN DE EMPLEO

El empleo es otra de las piezas angulares. La destrucción de casi 50.000 ocupados durante julio, agosto y septiembre ha levantado el temor a una economía cada vez más dependiente del sector servicios. Con todo, los datos hasta ahora no son malos. Andalucía ha creado más de 100.000 afiliados a la Seguridad Social en los últimos doce meses. Por encima por tanto de los 85.000 proyectados en las cuentas de 2017. Habrá que ver también la estimación que hace el Ejecutivo regional. Y si hace estimación porque en años previos la Junta ha evitado mojarse. En el horizonte inmediato se verá si Susana Díaz cumple sus objetivos para este año: conseguir tres millones de ocupados y que la cifra de parados baje de los 800.000. Actualmente hay 841.885 andaluces inscritos en las oficinas del INEM.

ELEVADA PRESIÓN DEL GASTO FINANCIERO

El talón de Aquiles de la Junta es el elevado gasto financiero que tiene que soportar. El dinero, en definitiva, que tiene que dedicar al pago de una deuda que aun estando por debajo de la media ha crecido exponencialmente en los últimos años debido fundamentalmente a los más de 30.000 millones de euros que la Junta ha pedido al Gobierno de los instrumentos de liquidez financiera. En el Presupuesto de 2017 lo que la Junta dedicaba a gasto financiero –3.761 millones– superaba por primera vez a las inversiones. El aumento en solo un año fue de un llamativo 43 por ciento. Hay pocos precedentes.

UNA PATRICA CONGELADA DESDE 2012

La partida dedicada a los ayuntamientos por la participación en los tributos de la comunidad autónoma lleva congelada desde hace un lustro. En 2012 ascendió a 480 millones de euros, pero la ley aprobada en 2010 contemplaba una ampliación anual de 60 millones de euros hasta alcanzar en 2014 los 600 millones. El anteproyecto de ley de 2018 deja en blanco el hueco de esta cifra. La Junta ya avisa de que se va a «demorar» en conseguir el objetivo inicial de llegar a los mencionados 600 millones de euros previstos para hace tres años.